Piden 15 años de prisión para el ex juez Soto Dávila por cobrar coimas a narcos

En otra extensa audiencia que comenzó temprano a la mañana y se extendió prácticamente

hasta el atardecer, se conocieron ayer los alegatos de la Fiscalía en el juicio que tiene como principal imputado al ex juez Carlos Vicente Soto Dávila, que estuvo más de 25 años en el sillón principal del -por momentos único- Juzgado Federal de Corrientes. Se lo acusa de encabezar una asociación ilícita que tramitaba y recibía favores de los operadores narco de la región. En el banquillo también están dos de sus secretarios en el Juzgado, un par de abogados del foro local y hasta un ex intendente de la localidad de Empedrado. 
El fiscal del juicio pidió que Soto Dávila sea condenado a 15 años de prisión como jefe de una asociación ilícita dedicada a cobrarles coimas a narcotraficantes para liberarlos, también solicitó penas de hasta 12 años para otros seis acusados, entre ellos, dos ex secretarios del mismo magistrado, informaron fuentes judiciales. En el alegato, el representante del Ministerio Público calificó a la imputación al ex magistrado como "la más grave de las corrupciones administrativas, porque atenta contra la independencia del Poder Judicial".
El pedido fue formulado por el fiscal federal de Corrientes, Carlos Schaefer, al alegar en el debate oral en el que impulsa la acusación junto a sus colegas Martín Uriona, Tamara Pourcel y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias. El correntino Schaefer solicitó además que el ex juez reciba una inhabilitación absoluta especial perpetua al considerarlo autor del delito de "asociación ilícita, en calidad de jefe, en concurso real con el delito de cohecho pasivo agravado, en calidad de autor, reiterado en ocho oportunidades que concurren materialmente entre sí, el cual concurre a su vez en forma ideal con el de prevaricato, en calidad de autor, reiterado en nueve oportunidades".
Además, el planteo de la Fiscalía incluye una multa de 75.000 pesos, cifra que resulta ciertamente irrisoria dado el volumen del negocio que presuntamente se manejaba a través de la oficina judicial, ubicada en la calle 25 de Mayo casi La Rioja de esta ciudad. El Juzgado Federal de Corrientes se encuentra a pocos metros de la Casa de Gobierno. 
"No se puede combatir el narcotráfico si no terminamos y combatimos la corrupción y menos aún si esa corrupción se encuentra enquistada en un sector del Poder Judicial que debe impartir justicia y que justamente debe sancionar conductas delictivas que ponen en riesgo la salud pública y la seguridad ciudadana", expresó Schaefer en el final de su alegato. 
Más tarde, luego de un cuarto intermedio le tocó el turno a una de las abogadas defensoras, la doctora Valeria Corbacho que representa a Pablo Molina, uno de los secretarios de Soto Dávila, imputado en la causa. La audiencia se lleva a cabo de manera presencial y por teleconferencia. Abrió un cuarto intermedio hasta el miércoles 5 de abril, día en el que continuarán los alegatos. 
La sentencia se podría dar a fin de mes, o quizás en mayo.