Soto Dávila: defensora pide absolución
La abogada de uno de los secretarios aseguró que no existen pruebas del delito. Antes, la fiscalía había pedido 15 años de cárcel para el magistrado.
El proceso judicial contra el ex juez federal Carlos Vicente Soto Dávila se encuentra próximo a
concluir y luego de la significativa pena propuesta por los representantes del Ministerio Público para el principal acusado y sus dos secretarios, también imputados en la causa por cobro de coimas a narcos de Itatí, otra defensora alzó la voz para refutar la postura de los fiscales. Esta vez la que salió al cruce fue la abogada de Pablo Molina, uno de los auxiliares del otrora magistrado con competencia electoral. La doctora Valeria Corbacho adelantó ayer que a su turno en la instancia de los alegatos pedirá la absolución de su cliente. El argumento fundamental para su solicitud será la inexistencia de pruebas de cargo contra Molina, responsable de una de las secretarías penales de Soto Dávila. Los fiscales Carlos Schaefer y Diego Iglesias (titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad) habían solicitado 15 años de prisión para quien supo ser por más de tres décadas encargado del Juzgado Federal de primera instancia de Corrientes, se jubiló en 2018 cuando el expediente ahora en juicio ya estaba en curso. Para Molina requirieron al Tribunal Oral Federal (TOF) un monto de 12 años, mientras que para el otro secretario, Federico Grau, se propuso una pena de 7 años de cárcel.
"Vamos a pedir la absolución libre de culpa y cargo del doctor Molina, porque ese pedido de condena de la Fiscalía no es coherente con lo que ha ocurrido durante todo el debate. La Fiscalía ha tratado de enceguecer a los jueces y nosotros hemos tratado de llevar la luz que necesitaba esta causa. La prueba rendida en el debate no demuestra lo que dice la Fiscalía, las pruebas rendidas en el debate demuestran que los hechos no existieron", afirmó la letrada en declaraciones radiales. Corpacho esgrimió: "El Ministerio Público pidió 12 años para justificar el despliegue mediático que hicieron todos estos años poniendo presos a dos secretarios federales que lo único que hicieron fue trabajar a conciencia como dijeron todos sus compañeros que declararon y porque sacaron de su lugar a un juez también trabajador".
Desde la Fiscalía habían argumentado: "Lo que se probó en esta causa, es justamente la existencia de un grupo de personas con objetivos comunes, división del trabajo, estructura y permanencia, códigos de conducta comunes, sistema de toma de decisiones, relaciones entre ellos y hacia el mundo exterior; ejecutando planes delictivos para viabilizar y encubrir los negocios espurios". Para Iglesias y Schaefer se trató de una asociación ilícita enquistada en el Poder Judicial que cobraba sobornos para dar impunidad.