Congreso, trabajo y campaña
El oficialismo rubricó un dictamen de mayoría con el acompañamiento de los integrantes del PRO que firmó con disidencias parciales.
Finalmente y en el inicio del tiempo electoral con elecciones en diferentes provincias, los legisladores nacionales avanzan con el análisis de temas relevantes, aunque en la incertidumbre de caer (o no) en la sintonía electoral y posponer las sesiones.
Pero mientras tanto, con dictámenes diferentes, la Cámara de Diputados avanzó con el proyecto de ley que apunta a reformar la normativa sobre la Prevención y Represión del Lavado de Activos, y quedó listo para ser tratado hoy en el recinto.
La sesión especial comenzará a las 11 y está previsto que conjuntamente con la iniciativa sobre lavado de activos se trate la creación del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar), la Ley de Diagnóstico Humanizado para Personas con Síndrome de Down y la creación del Programa de Pubertad Precoz, entre otros expedientes, indicó ayer la agencia Noticias Argentinas.
Pese a que el proyecto del Poder Ejecutivo presentado en mayo del año pasado tuvo muchos meses de discusión y trabajo, en el cual se le aceptaron modificaciones al texto original, no alcanzó para unificar criterios en el plenario de las comisiones de Legislación General, Finanzas y Legislación Penal que se realizó este martes.
El oficialismo rubricó un dictamen de mayoría con el acompañamiento de los integrantes del PRO que firmaron con disidencias parciales, mientras que la Coalición Cívica y el Interbloque Federal anunciaron dictámenes propios que podrían sintetizarse luego, incluso con el apoyo de los dos bloques radicales.
La bancada que lidera Germán Martínez tiene especial interés y premura en sancionar esta norma que busca adecuar la legislación a los nuevos estándares internacionales que exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), que realizará una revisión técnica en el país en septiembre próximo.
Además, se enmarca en el acuerdo de intercambio de información financiera y tributaria que acordó el ministro de Economía, Sergio Massa, con autoridades de Estados Unidos a fines del año pasado.
La iniciativa convierte a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
Otro aspecto que introduce el proyecto es la ampliación de la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF, y en ese sentido se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que proceden en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivos o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
Resultará relevante entonces el análisis de este tema en virtud de los casos que se registran en la actualidad, de modo de sentar la base normativa para ese ítem, hasta ahora descuidado por el Estado.
Pero más allá de la importancia del tema, también resulta clave la labor de los legisladores en pleno año electoral, acostumbrados a dejar vacías las sillas del recinto para abocarse a las recorridas y caminatas de campañas proselitistas.
La política, las campañas, frenan casi todo. Esta tarea, la de sesionar hoy para tratar un tema relevante, quizás sea una golondrina, aunque la muestra bien vale para una ilusión. La comunidad espera que no sea óptica.