Soto Dávila: defensores irán a instancia internacional

En la recta final del juicio al juez federal Carlos Soto Dávila, acusado de ser líder de un organización criminal dedicada a cobrar coimas de narcos de Itatí para libe­rarlos, uno de los abogados defensores e hijo del princi­pal acusado, Juan Francisco Soto, aseguró que pase lo que pase con el veredicto del Tribunal Oral Federal (TOF), él como otros defen­sores acudirán a la instancia internacional para dirimir la cuestión de fondo, que a su entender tiene que ver con la jurisdicción de cada juzgado, además de la for­ma en que los fiscales del caso realizaron su labor. "El doctor Aníbal Ibarra va a denunciar a Martín Uriona por editar el contenido que decían los arrepentidos", aseguró Soto Dávila hijo en declaraciones radiales, anti­cipando la jugada de su co­lega y representate de uno de los otrora secretarios de su padre, Federico Grau, que junto a Pablo Molina serían parte del esquema de cobro de sobornos de parte de los capos narcos de Itatí, Federico "Morenita" Marín y Carlos "Cachito" Bareiro, con mediación de aboga­dos, algunos de los cuales son también juzgados y otros han aceptado el juicio abreviado.

Juan Soto Dávila con­sideró: "Esto es un juicio histórico, es irregular des­de el inicio. Si se quería investigar algo tendría que haberse iniciado con el Juz­gado Federal Nº 2", dijo, y agregó: "Se tiene que hacer la instrucción en la misma ciudad que se juzga y eso lo dice la Constitución, enton­ces es absurdo lo que están haciendo. Pase lo que pase en el fallo, vamos a acudir a la Comisión de Derechos Humanos del Sistema Inte­ramericana de DD.HH. por­que consideramos que hay privación de jurisdicción idónea, quiere decir que los juzgados federales de Co­modoro Py no nos tomaron la denuncia contra el defen­sor oficial que adulteró el contenido sobre los falsos arrepentidos. Los fiscales salen a defenderse y no a acusar, no aportan pruebas porque no lo tienen. Salen a decir relatos estigmatizan­tes", agregó.

El ex magistrado se en­cuentra acusado de liderar la organización criminal que beneficiaba a narco­traficantes. El fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, Carlos Schaefer, solicitó la imposición de pe­nas de 15 años de prisión y de inhabilitación absoluta y especial perpetua a Soto Dávila, acusado de cobrar dádivas. Sin embargo, al momento de dar sus fun­damentos la defensoría de Soto Dávila junto a su hija, la doctora Mariana Barbitta, solicitó al TOF la absolu­ción de su cliente debido a que no existen pruebas en su contra que acrediten los hechos que se le enrostran a Soto Dávila y por considerar que la pena solicitada por el fiscal era desmesurada. 

Entre los elementos en los que se amparó la defen­sora sobresale un estudio contable al patrimonio del ex titular del juzgado fede­ral de primera instancia de la ciudad de Corrientes, de donde no surge un enrique­cimiento ilícito o incremen­to patrimonial proveniente de dinero espurio. Además, la abogada cuestionó el uso de testigos de identidad re­servada que incluso eran imputados en la causa, por lo que pidió la declaración de inconstitucionalidad de la Ley del Arrepentido.