Investigan el origen de $140 millones
Es dinero en pesos y dólares. No está determinado de dónde provienen. Hay un imputado por explotación y podría ser acusado por lavado.
El Juzgado Federal de la ciudad de Goya, a cargo de Cristina Pozzer Penzo, ordenó un
procedimiento donde se incautaron casi 50 millones de pesos (concretamente $49.268.800), casi 320.000 dólares (en rigor US$317.800), cuyo origen es investigado y podría derivar en una nueva imputación, esta vez por el delito de lavado de activos contra el único imputado, quien permanece en libertad. El accionar fue resultado de una investigación por trata laboral iniciada por la denuncia de una víctima. Agentes federales rescataron a 65 personas en un campo dedicadas al cultivo de hortalizas. El procedimiento se llevó a cabo el miércoles pasado en el paraje La Loma, departamento de Lavalle. En el allanamiento se incautó una cifra en efectivo que llega a casi 140 millones de pesos si considera tanto la divisa local como la norteamericana en su valoración en el mercado informal.
En el marco de una investigación por un presunto caso de trata de personas con fines de explotación laboral, también fueron incautadas 2 armas cortas; 58 municiones calibre .9 mm; 34 municiones calibre .38; 2 máquinas para contar billetes; 7 teléfonos celulares; 1 notebook; 2 dispositivos para videovigilancia y documentación de interés para la causa. El único imputado en el caso sería el dueño de la explotación y permanece en libertad. Tras el operativo, en el lugar quedó por orden judicial una consigna de la Gendarmería Nacional.
La investigación se inició a raíz de una denuncia realizada por una víctima en la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Goya" de la Gendarmería Nacional. En esa oportunidad, la persona detalló que habría sufrido una serie de situaciones compatibles con explotación. Unos días después, el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, pidió el allanamiento.
Por su parte, José María Servín, referente en Corrientes de la Lucha contra la Trata de Personas y la Explotación, aseguró: "No hay prevención ni control, es un organismo que recién empezó a trabajar hace dos años el nuestro. Corrientes es una de las provincias donde no hay fallos judiciales; tenemos muy pocos. No condenan a los tratantes. La verdad, entiendo que los tribunales orales federales de Corrientes terminan absolviendo a los tratantes". Asimismo comentó: "Formo parte de un organismo que generamos lucha contra la trata, estamos trabajando con mesas institucionales. En Corrientes hay tres, en donde los organismos nacionales, provinciales y locales vamos debatiendo estas cuestiones y delineando fiscalizaciones para efectuar denuncias y actuaciones de la Justicia. Fue lo que pasó en esta oportunidad fruto del trabajo en Santa Lucía y Lavalle", dijo.
"Específicamente hemos sido notificados y estuvimos en el allanamiento; nuestro trabajo es ir verificando que los organismos cumplan con el protocolo único de actuación. Lo que importan siempre son las víctimas y que empiecen a acceder a los programas del Gobierno nacional donde se les brinda asistencia a corto, mediano y largo plazo. Generar un horizonte, ordenador social que es el trabajo, generarles flexibilización laboral, acceso a la vivienda. En este sentido está comprometido el Invico. Es amplio el trabajo que venimos realizando", dijo. Servín informó que la línea 145 es gratuita y está disponible las 24 horas para denunciar casos de trata y explotación de personas. La denuncia es anónima y la atiende el Ministerio de Justicia; "es una línea que ha salvado muchas vidas", sintetizó.
El miércoles 3 de mayo, la Delegación NEA del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, participó junto con personal de la Gendarmería en un operativo en un campo de cultivo de hortalizas en el paraje La Loma, departamento de Lavalle, provincia de Corrientes, en una causa en la que se investiga el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, por disposición del Juzgado Federal de Goya. En el predio rural se hallaron 65 personas, 53 de ellas mayores de edad, y 12 menores, como presuntas víctimas del delito de trata de personas, en precarias condiciones de vida.