Jueza teme que atenten contra ella en la antesala del juicio a ex fiscal

"Mi seguridad es una cuestión que se la dejo a Dios". Con esa frase lapidaria, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo

dejó expuesta su intranquilidad ante un posible atentado en la antesala del juicio oral al ex fiscal de Paso de los Libres, que ella envió a juicio cuando era subrogante en el Juzgado de esa localidad que limita con Brasil. Días atrás, la magistrada -que actualmente cumple funciones como juez federal en Goya, donde hay un antecedente reciente de amenaza a un fiscal por investigar la causa Generación Zoe- pidió duplicar su seguridad y la de su familia porque argumentó que "la mafia no descansa". 
En una entrevista televisiva con un canal porteño, Pozzer Penzo recordó que cuando subrogó en Libres "el juzgado estaba paralizado y las causas dispersas que tienen denominador o personas en común se habían traspapelado. De ellas, 75 por explotación sexual de personas". 
"Estas causas involucran al ex fiscal Benito Pont, que llevó 30 años de servicio en esa Fiscalía de frontera, lugar estratégico para el crimen organizado", agregó respecto al ex funcionario con quien debió trabajar hasta que en 2017 lo procesó. El próximo 10 de mayo comenzará el juicio en su contra en lo que será el segundo caso donde un agente judicial es juzgado por corrupción tras décadas de prestar servicios; el otro es el que está en curso y tiene como acusado al ex juez federal con competencia electoral Carlos Soto Dávila. 
Respecto a la organización criminal, la magistrada dijo: "A las víctimas las hacían rotar para que perdieran la identidad, porque es importante para los tratantes que las víctimas adquieran condición de cosas y es muy doloroso que hayan sido revictimizadas por quienes debían brindarles protección". 
Pont comenzará a ser juzgado el próximo miércoles ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, acusado de proteger a una red de explotación sexual. En el caso también están involucradas otras 17 personas acusadas de integrar la organización criminal que tuvo al menos a 36 víctimas de trata en locales nocturnos. El ex fiscal, denunciado en 2016 y procesado en 2017, llega a juicio por presunto encubrimiento agravado, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario.
El TOF estará integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y el subrogante Manuel Moreyra, mientras que el Ministerio Público estará representado por los fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) Alejandra Mangano, Marcelo Colombo, el fiscal de Corrientes Carlos Schaefer y las auxiliares Victoria Sassola y Soledad Branchi.