La canasta pobre de la política

Una familia tipo de cuatro integrantes, dos mayores y dos menores, necesitó en abril pasado

ingresos mensuales por un total de $203.360 para no caer bajo la línea de pobreza; a su vez, para no derrapar hacia la indigencia el parámetro de ingresos mensuales fue de $97.148. Son parámetros oficiales, lo estableció el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) al mensurar el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) que define los dos escalones sociales. Cada uno de los ciudadanos sabrá en que punto de la escalera se encuentra, pero a juzgar por los datos estadísticos -que también aporta el Indec- al menos hay 18 millones de argentinos en problemas. 
La cifra no es exacta, puede ser mayor. La imprecisión se debe a que el muestreo estadístico de la situación social es parcial, sólo se relevan datos de las capitales provinciales y luego se hace un promedio. No obstante, el número es suficientemente elocuente de la gravedad del cuadro. 
¿Qué familia tiene ingresos mensuales de $203.360? Esta es la pregunta que define todo, sirve de referencia para saber si se está debajo de la línea de flotación o en la superficie. Dato ilustrativo, la mínima de los jubilados nacionales, con un bono extra apenas supera los 80.000 pesos y con la mejora que se anunció para el trimestre junio-agosto van a superar los 100.000, también con un bono de refuerzo.
Los empleados públicos en la provincia de Corrientes, o los municipales, ¿superan la barrera de la pobreza? Todo indica que no; peor aún, los trabajadores del sector privado en la provincia tampoco llegan. Algunos ni siquiera rozan el 50 % de ese parámetro de referencia que dio el Indec. Y a diferencia de los estatales, los privados no gozan de la seguridad que brinda el empleo público, incrementos periódicos, horarios reducidos de tareas, vacaciones dos veces al año, feriados encadenados, estabilidad laboral, seguridad social y aportes previsionales. Como si esto fuera poco, legisladores que están preocupados por la recomposición salarial del sector.
Algunos creen que llegaron solamente para atender la situación de los estatales. Al menos eso es lo que parece.
Como sea, hay una realidad, la mayoría de los empleados públicos correntinos, pese a los beneficios que gozan y que ya fueron enumerados, tampoco llegan a los $203.360, esto quiere decir que son pobres, como muchos otros argentinos.
El derrumbe social en el país no comenzó ayer, viene desde hace décadas, pero sin dudas se acentuó en el último período. Se aceleró durante el mandato de Mauricio Macri y se agudizó con el gobierno de los Fernández (Alberto, el presidente, y Cristina la vice).
Es curioso, el martes a la tarde, cuando el Indec divulgó el aumento de valores que experimentaron las dos canastas, buena parte del ecosistema político estaba pendiente de la carta que publicó la vicepresidenta Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, ratificando su decisión de no ser "candidata a nada". La señora cobra por mes aproximadamente 7 millones de pesos por su jubilación y las pensiones suya y de su marido por haber sido presidentes; aparte el sueldo de Vice.
En su misiva aseguró que no tiene intenciones de ser "mascota del poder" y abonó -una vez más- la teoría de la proscripción judicial, que en los hechos no tiene asidero. El presunto renunciamiento de CFK puso en estado de ebullición al peronismo justo el día en que se reunía el Congreso nacional partidario. Así, mientras el precio de la canasta volaba, el kirchnerismo peronista se ocupaba de sus asuntos, centrado en la cuestión judicial. El ministro de Economía no habla de la inflación y el Presidente fogonea la realización de las Paso en el seno del Frente de Todos. Es la agenda del país de la pobreza.