¿Una más en Corrientes?

Ayer se cumplió el octavo aniversario de la marcha "Ni una Menos", movimiento que emergió

desde el repudio por el dolor de los crímenes impunes que tenían el sello de la violencia de género y que se transformó en un hito. Aquella primera manifestación marcó un cambio de época. Un nuevo paradigma. Cuánto se ha avanzado desde entonces es difícil dimensionarlo, todo dependerá del enfoque que se adopte para medir los resultados, pero sin duda la sociedad argentina ha experimentado una maduración que es producto de un proceso, que no ha terminado, que se encuentra en constante evolución. "Ni una Menos" no es una consigna, es un principio y así debe ser considerado y respetado. 
Afortunadamente el mensaje ya es una matriz social, buena parte de la comunidad lo ha hecho suyo. Sin embargo quedan en los entrepliegues de la sociedad algunos resabios de oscurantismo que atrasan, que pretenden -inútilmente- demorar el crecimiento. Le corresponde al Estado, con sus distintos estamentos, poner luz potente y clara en aquellos espacios donde la decrepitud busca prolongarse, en ocasiones a resguardo de la flaqueza de compromiso oficial. 
La violencia en general, pero sobre todo la violencia de género que no recibe el condigno castigo es la cara infame de un sistema ruinoso para la vida en sociedad. 
Las estadísticas muestran que todavía hay un alto índice de criminalidad que tiene como blanco a las mujeres, por ejemplo en los últimos ocho años -desde el primer "Ni una Menos"- se registraron 2.257 femicidios, a razón de uno cada 31 horas. Es un número que espanta, especialmente porque el 67 % de los casos fueron protagonizados por parejas o ex parejas de las mujeres asesinadas.
Acaso es que no se ha conseguido nada, o tal vez en virtud de lo mucho que se ha fortalecido la conciencia es que se denuncia más y un mayor número de casos salen a la luz. Menudo dilema que los especialistas intentan responder. De cualquier modo, la cifra de femicidios es preocupante.
Corrientes no está exenta de este oleaje criminal que deja familias desmembradas y sobre todo, los más lamentable, cientos de huérfanos obligados a reconstruir una vida desde el subsuelo del dolor.
La reflexión resulta pertinente porque los correntinos fueron conmovidos en las últimas semanas por un caso, el de Griselda Blanco en Curuzú Cuatiá, que todavía esta en vías de resolución en una atmósfera extraña que hace presagiar un horizonte de impunidad. El comportamiento de la Justicia en Corrientes es siempre motivo de inquietud. 
Los tribunales ordinarios de la provincia se vuelven a menudo una usina generadora de incertidumbre, que la mayoría de las veces desbarranca hacia la disconformidad de los judiciables. ¿Por qué será? Quizás porque la aplicación de la ley -o los procedimientos que son de rigor- tiene la funcionalidad de atender intereses distantes de la verdad real.
La causa Griselda Blanco, un femicidio sin discusión, transitó por el sinuoso sendero de las ambigüedades primero, de las imputaciones livianas después, y ahora de una apresurada búsqueda de condena contrariando lo que el Código Procesal Penal de la Provincia (y de la Nación) establece sin rodeos como precepto ineludible.
A dos semanas del asesinato, la fiscal que lleva la investigación (María José Barrero) le ha pedido autorización a su jefe, el fiscal general de la Provincia, para pactar una pena de prisión en el marco de un juicio abreviado. Es decir planea aceptar una condena por un monto menor a la mitad de lo que le podría corresponder al autor del hecho. 
De llegarse a este extremo, claramente Corrientes inscribirá una mácula de atraso en el proceso de maduración del Ni Una Menos. ¿Se llegará a tanto?