Los trabajadores olvidados

El Gobierno nacional aprobó finalmente la reglamentación de la Ley 27118 de Reparación Histórica

de la Agricultura Familiar, un instrumento que busca valorizar la actividad de este sector e impulsar el desarrollo de los pequeños productores que constituyen una parte vital de la economía social y que no siempre es tenido en cuenta; de hecho muchos decisores políticos ni siquiera reparan en su existencia. Una muestra evidente de esa postergación es el acto protagonizado por el Poder Ejecutivo Nacional, que reglamentó una ley que fue sancionada hace 9 años. El Congreso de la Nación aprobó la iniciativa el 17 de diciembre de 2014 y fue promulgada al mes siguiente, pero desde entonces no había sido reglamentada. Durmió en un limbo de la burocracia oficial. En el medio tuvo que atravesar el gobierno de Mauricio Macri y también buena parte del mandato de Alberto Fernández.
Bien podría decirse que esta es la historia de un olvido. Estaba pensada como una reparación hace una década, pero luego de tanto tiempo no está claro si llega a tiempo ¿o sí?
Otra muestra de la indolencia: en junio del año pasado el presidente Alberto Fernández anunció que se abocaría a la reglamentación de la ley, se demoró 365 días más o menos. Ayer se conoció el Decreto 292/2023 que define las cuestiones operativas de la legislación que tiene como ejes la creación de un banco de tierras para facilitar el acceso a las familias campesinas y un centro de producción y distribución de semillas.
De acuerdo a fuentes de la Secretaría de Agricultura Familiar, organismo dependiente de la Nación, en Corrientes hay registrados aproximadamente a 13.500 productores y se estima que a nivel nacional hay más de 70.000. El articulo 5.º de la Ley 27118 determina la existencia de un registro que se ha ido confeccionado a tientas durante estos años en las distintas provincias. Mientras, la actividad agrícola continúa con o sin asistencia del Estado.
Ahora la reglamentación que definió el profesor Fernández estableció como respaldo "el monto que el presupuesto vigente específico pueda financiar" y desde el año próximo lo que prevea la Ley de Presupuesto de cada año. 
El Decreto, no obstante, es aún parcial, pues de sus 36 artículos únicamente se efectivizaron nueve y otros cuatro en forma incompleta. 
Con esta ley se verán beneficiados los pequeños productores familiares que realizan no solamente actividades de agricultura, sino también ganadería, plantación de árboles o pesca. Entre otros objetivos, la ley busca impulsar el desarrollo de los trabajadores del campo, atender a las regiones con mayor atraso productivo, impulsar y valorizar la producción y reconocer las prácticas de vida y de producción de las comunidades originarias. Del mismo modo, tiene como eje asegurar que haya alimentos saludables y con precios justos para los consumidores reduciendo la intermediación, fortalecer la organización de los productores familiares en asociaciones y cooperativas, garantizar el acceso a los recursos naturales y vender sus productos en mercados más amplios.
A tal efecto crea el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf).
La ley también estipula la creación un banco de tierras, que permite la entrega de tierras del Estado para los agricultores registrados en el Renaf que las pidan, a través de su venta, arrendamiento o donación. 
Es importante que este organismo tenga una composición equilibrada, sin sectarismos ni supremacías partidarias o ideológicas, para que cumpla adecuadamente su función y no caiga en arbitrariedades.