Escándalo retroactivo

Además de la fiesta de cumpleaños en la Quinta Presidencial de Olivos, en medio de la cuarentena policíaca que

mantenía encerrada a la población, aparte del vacunatorio especial reservado para funcionarios y amigos, el gobierno kirchnerista también repartía discrecionalmente autorizaciones de visitas a familiares de pacientes graves por el covid-19. El affaire estalló en las últimas horas y salpica de lleno a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien -como se recordará- llegó a ese cargo por el desplazamiento obligado de Ginés González García, responsable de montar un vacunatorio vip en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires. Evidentemente los ministros del área tienen serios problemas para ser respetuosos con la ley, no solo Ginés y Vizzotti han tenido tremendas contravenciones, sus pares de las provincias también han tropezado con inconvenientes, que se transforman en actos ignominiosos en el marco de la pandemia.
Aunque la emergencia sanitaria que provocó el coronavirus de hecho ha quedado atrás en casi todo el mundo y Argentina no es la excepción, el sufrimiento que provocó aquella situación extrema vuelve imprescriptible cualquier falla que hayan cometido funcionarios y gobernantes. Esta vez le tocó a Vizzotti. El caso es polémico, los detalles de fechas y resoluciones revisados hoy con el paso del tiempo enmarañan cualquier debate, pero situados en el mes de agosto de 2020, cuando ocurrió el hecho, la conducta de la ministra es claramente reprochable. 
¿Qué sucedió? Vizzotti gestionó de manera personal una autorización para que una colega médica pudiera visitar a su esposo, gravemente enfermo de covid, que finalmente falleció. Es importante recordar que durante un buen tiempo estuvo vedado el acceso a los hospitales para acompañar a los familiares, directamente estaba prohibido. 
Varias decenas de miles de argentinos no tuvieron oportunidad de despedir a sus seres queridos. Murieron y ni siquiera tuvieron un velatorio. Nada. Los deudos recibían muchos días después sus cenizas. Fue brutalmente doloroso. Por eso, descubrir que funcionarios de Salud habilitaban el pase a las terapias para determinadas personas, se convierte en un escándalo con retroactividad. 
Esa revelación fue difundida involuntariamente por la presidenta de la Liga Argentina de Protección al Diabético (Lapdi), Sylvia Brunoldi, en un emocionado agradecimiento personal a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, por haberle permitido visitar a su esposo que terminó internado muy grave tras contagiarse covid. El hombre, desafortunadamente, falleció. Es decir que su familia también sufrió la pandemia, pero a diferencia de otros argentinos tuvieron un "privilegio". 
Ayer a pocas horas de conocerse el caso se presentó una denuncia penal ante la Justicia federal porteña. Integrantes de la Fundación Apolo, vinculada con el espacio político Republicanos Unidos, denunció a Vizzotti por haber violado el artículo 205 del Código Penal, que establece la obligación de los funcionarios públicos de hacer cumplir las leyes, resoluciones y disposiciones vigentes "para impedir la introducción o propagación de una epidemia". Es el mismo artículo por el que Alberto Fernández y Fabiola Yañez fueron investigados por la fiesta en Olivos.
A la ministra también le atribuyen haber cometido abuso de poder, ya que habría usado su cargo para permitir una excepción que no le era posible. 
Aunque el Ministerio de Salud luego se ocupó de refutar la acusación en su contra, refrescando fecha y circunstancia de cada resolución, la realidad es que una vez más quedó expuesta la impudicia del poder, una enfermedad que -claramente- no tiene remedio, ¿o sí?