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La confusión de creer en saqueos

El vale todo que ha reemplazado al estado de derecho terminó di­luyendo el imperio de la ley y por tanto a aque­llos que están llamados a velar por su aplicación.

Saqueos consumados o apenas impedidos a co­mercios de distintos rubros en cinco provincias y casi 150 personas detenidas en cuatro días, del sábado pasado hasta ayer, es el saldo pro­visorio del nuevo escenario social en la Argentina. La seguidilla de actos vandálicos comenzó en Mendoza, con sendos ataques en dos localidades de la periferia de la Capital, siguió en Neuquén, se replicó en el inte­rior de la provincia de Córdoba y sobre el final del fin de semana largo se produjeron episodios en Bariloche, Río Negro y en Resistencia, Chaco. Ayer la provincia de Buenos Aires, la más poblada y con mayores bolsones de pobreza del país, amaneció con un registro de 150 intentos delic­tivos. Algunos se concretaron: 94 personas fueron demoradas, la mayoría adolescentes. A su vez, en la Capital correntina la Poli­cía demoró a 21 sospechosos que merodeaban supermercados. Es la postal que resume la jornada. Tensión, incertidumbre, preocu­pación. 

Mientras la dirigencia política se acusaba mutuamente de ser causante del origen del mal y ade­más de la organización de la ac­ción con fines inconfesables, en medio de un capítulo judicial asomó el presidente Alberto Ángel Fernández y recomendó cuidar la paz social que se había conse­guido, criticó a algunas figuras de la oposición. De paso también explicó por qué no habló durante los últimos días: "No soy candidato, soy Presidente y me tengo que ocupar de la gestión", dijo. Así justificó su silencio en las últimas semanas, desde la devaluación hasta el robo en cardumen.

Quizás esta exposición del Presidente es lo que me­jor explica el grave peligro que enfrenta la Argentina. La oleada de ataques a comercios, que se parecen mucho más a actos de simple pillaje que a la acción desespe­rada de gente con necesidades alimentarias, está enso­brada en un déficit notorio: la ausencia de autoridad. 

El país ha perdido institucionalidad. El vale todo que ha reemplazado al estado de derecho terminó diluyen­do el imperio de la ley y por tanto a aquellos que están llamados a velar por su aplicación.

Anomia, este es el drama de la Argentina. 

Un presidente que supone que no debe hablar por­que no es candidato, es el mejor ejemplo de una nación sin autoridad y por tanto sin control ni ejercicio de la competencia legal. No habla y tampoco gestiona. El re­sultado está a la vista.

Los saqueos son posibles porque no hay ni habrá prevención, represión ni sanción. El efecto contagio de esa suerte de "piedra libre" que ofrece el Gobierno -mejor dicho los gobiernos, porque este déficit también incluye a las provincias- permite que el vandalismo se mul­tiplique por el territorio nacional.

No es el hambre de comida ni el interés electoral, no se trata de una conspiración secreta con fines de desestabilización, lo que dispara la osadía delictiva de gavillas de jóvenes, la mayoría menores, dis­puestos a romper todo para llevar­se algo, lo que sea, de un negocio, es puro pillaje. Se atreven porque pueden, y pueden porque no habrá nada en nombre de la ley que se lo impida. Es lo que la política en general ha edificado con generosidad de recursos y complacen­cia malsana. 

La multiplicación de los hechos delictivos que coti­dianamente ilustran las crónicas policiales de los me­dios representan el mejor ejemplo de la degradación que atraviesa el país. Inseguridad y ausencia de justicia.

Por eso, el primer piedrazo tiene un fin delictivo y su raíz en la creciente incivilidad. Varias generaciones formadas en la anomia, sin respeto por las normas y prácticamente sin temor por las consecuencias, son el combustible de algo todavía más grave que los saqueos. El abismo está a un paso. Mejor no confundirse con lo que se está gestando. s