Las medidas tendrán un costo de $729 mil millones y acelerarían la inflación

La batería de medidas anunciadas por el Ministerio de Economía tendrán un costo fiscal de $729.000 millones, equivalente al 0,5% del

Producto Bruto Interno (PBI). Así lo confirmó la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), al analizar el impacto macro del conjunto de beneficios para trabajadores privados, estatales, monotributistas, jubilados y pensionados lanzado por el Gobierno.

A través de una docena de medidas, que abarcan a distintos sectores de la economía, el objetivo es paliar los efectos sobre los ingresos que dejó la devaluación pos Paso, y la consecuente aceleración inflacionaria. 

Con respecto al alivio fiscal para monotributistas, se confirmó que en los próximos seis meses no pagarán los componentes impositivos las categorías A ($496), B ($957), C ($1636) y D ($2689). En total habrá 1.829.544 personas beneficiadas y se tendrá en cuenta únicamente a los "monotributistas puros", no así aquellos que también tengan un trabajo en relación de dependencia. Entrará en vigencia tras la publicación de una resolución general de la Afip, y la condonación de estas deudas se incluirán en la ley de presupuesto de 2024. Este proyecto deberá ingresar al Congreso antes del 15 de septiembre de este año.

El paquete de beneficios también incluye un alivio fiscal para jubilados y pensionados, ya que la devolución para el consumo con tarjeta de débito aumentará de $4.056 a $18.000 para aquellas personas que cobran hasta tres jubilaciones mínimas. En paralelo habrá un refuerzo en los haberes a través de un bono de $37.000 mensuales, que llevará la mínima a $124.460. "Esto genera una mejora de hasta un 15% del haber mínimo", agregó Castagneto, que detalló que se verán beneficiados 7,8 millones de argentinos.

Dentro de los anuncios el Gobierno incluyó el de una suma fija no remunerativa para los trabajadores privados que cobren hasta $400.000 netos, de $60.000 dividido en dos cuotas. Una medida que causó revuelo entre los empresarios. La Came rechazó el pago de un bono para empleados registrados, por entender que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado "son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales".

La ministra de Trabajo, Raquel Olmos, añadió que el Ejecutivo asumirá el 100% del pago en el caso de las micro empresas, y el 50% para las pymes, mediante el pago a cuenta de contribuciones patronales. Respecto de los trabajadores del Estado nacional, que totalizan 390 mil, recibirán la misma suma con la misma modalidad de pago en cuotas. 
En tanto, hasta 424 mil trabajadores de casas particulares, que están registrados, recibirán 25 mil pesos en dos cuotas mensuales, proporcional a las horas trabajadas. En paralelo, a los empleadores -puntualmente, a la persona física que figura como empleador del trabajador doméstico registrado- con ingresos de hasta un millón y medio de pesos mensuales netos ($1.500.000) y que no hayan pagado bienes personales en 2022, se les reembolsará el 50% de lo abonado.
La medida llega luego de que el viernes se conociera el staff report que elaboró el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras la aprobación de la quinta y sexta revisión del programa. En el documento, que consta de 116 páginas, se remarca que el costo fiscal debería reducirse en un 11% entre agosto y diciembre, para poder cumplir con las metas acordadas. En noviembre, se abrirán nuevamente las negociaciones entre el organismo de crédito y el Gobierno.