Anuncian desembolso de subsidios para evitar un conflicto en el transporte
Es para las provincias. Corresponde al cuatrimestre septiembre-diciembre. Se abonará cuatro pagos mensuales de $ 9.000 millones.
El Ministerio de Transporte dispuso la distribución de $36.000 millones para las provincias, correspondientes al Fondo de Compensación al
Transporte Público Automotor del Interior.
El Gobierno nacional mantenía una deuda de 14.280 millones de pesos con empresas de transporte del interior, que durante la semana pasada alertaron sobre la posible suspensión de empleados y el corte de los servicios nocturnos a partir del 1 de octubre. La Fatap enfatizó que es "materialmente imposible la normal prestación del servicio público de transporte de personas en el interior del país". El aporte proporcional que el Tesoro nacional destinó al Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y a las provincias del interior del país alcanzaba a un 85 % para el Amba y el 15 % al interior, mientras que hoy esa proporción se establece en un 90 % para el Amba y el 10 % para el interior, en una clara expresión de unitarismo en el reparto de los fondos de origen nacional". El monto, formalizado ayer a través de la Resolución 532/2023 publicada en el Boletín Oficial, corresponde al cuatrimestre septiembre-diciembre, el cual se va a abonar a través de cuatro pagos mensuales y consecutivos de $9.000 millones. En lo que va de este año, Transporte distribuyó $28.000 millones para los primeros cuatro meses del año, $14.000 millones para mayo y junio, y $18.000 millones para julio y agosto. Por Decreto de Necesidad y Urgencia 436, del pasado 29 de agosto, se incrementó la partida presupuestaria total para este año a $96.000.063.566.
Estos recursos tienen como objetivo brindar un respaldo financiero a los servicios de transporte público de pasajeros en áreas urbanas y suburbanas de jurisdicción nacional. Los subsidios son distribuidos de acuerdo con los kilómetros transitados informados mediante declaración jurada por cada jurisdicción. Una vez distribuidos a la provincia -o municipio, en el caso que corresponda-, las jurisdicciones deben transferir los fondos en forma directa a las empresas prestadoras de colectivos, dentro de los primeros dos días hábiles de ser acreditados. Como parte del convenio, cada jurisdicción debe aportar a las empresas un monto igual a los aportes del Estado nacional, para asegurar la "sustentabilidad" de los servicios.