Tres años después llegó la ‘condena’ para infractor que desparramó el covid

El joven que en marzo del año 2020 -en pleno confinamiento por la pandemia- regresó de los Estados Unidos con síntomas de coronavirus y ese mismo fin

de semana fue a la fiesta de cumpleaños de 15 de su prima, donde varios familiares se contagiaron el virus, incluido su abuelo quien luego falleció, fue condenado a pagar $100 mil de multa tras un juicio abreviado, informaron fuentes judiciales el viernes último. Se trata de Eric Luciano Torales, un empleado bancario oriundo de Moreno, quien llegó el 13 de marzo de 2020 de un viaje de poco más de dos semanas en Miami, y en su declaración jurada de ingreso al país no mencionó que tenía síntomas compatibles con la covid-19 y tampoco cumplió la cuarentena obligatoria por la que debía permanecer aislado por 14 días que regía para quienes regresaban del exterior.
El sábado 15 de marzo fue a la fiesta familiar y al día siguiente ingresó a la Clínica Adventista del barrio porteño de Belgrano con síntomas compatibles con la enfermedad, según consta en la elevación a juicio, que señala que allí el "paciente de 24 años refiere viaje reciente con retorno el día viernes 13 de marzo, consulta por tos seca asociado a registros febriles (38º) de aproximadamente 24 horas de evolución".
Lo cierto es que el Instituto Malbrán confirmó el diagnóstico tras un hisopado y a los pocos días se confirmó que también estaba contagiado su abuelo, Luis María Suárez, quien falleció el 1 de abril a sus 78 años; también se contagiaron el DJ de la fiesta, la cumpleañera y la madre de Torales, entre otros. 

La causa fue investigada por el fiscal federal Santiago Marquevich y el doctor Néstor Barral, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Morón, quienes lo imputaron por homicidio culposo, pero finalmente fue acusado por violar el artículo 203 del Código que rige sobre la pandemia, con el agravante por la muerte del abuelo y enfermedad de otros contagiados. 
Una vez que llegó la causa al Juzgado en lo Correccional Nº 1 de Moreno, que depende del Departamento Judicial de General Rodríguez, el juez Mariano Almanza acordó con el letrado del joven la suspensión del juicio a prueba y se le impuso una multa de entrega de insumos para el Hospital Zonal Mariano y Luciano de la Vega en Moreno por un total de 100 mil pesos, en cinco cuotas mensuales. Como condición, además del pago, para dar por cumplida la condena, el joven no podrá cometer delitos por el término de un año y debe presentarse al Patronato de Liberados cuando sea citado.
Tras el juicio abreviado, Eric Luciano Torales Pereira debe "realizar la entrega de insumos al Hospital Zonal Mariano y Luciano de la Vega, por el monto de $100.000, en cinco cuotas mensuales y consecutivas de $20.000", precisó el juez Mariano Almanza en la resolución emitida el viernes.
Además, el juez concedió "el beneficio de suspensión del juicio a prueba" en favor de Torales Pereira "por el término de un año". 

MULTA PRESIDENCIAL
Un caso similar ocurrió cuando la familia presidencial de Argentina violó la cuarentena en 2020, una de las más estrictas del mundo, en plena pandemia por el coronavirus. Una celebración que tuvo sus serias consecuencias para el presidente de la nación, Alberto Fernández, quien tuvo que pagar una multa de 1,6 millones de pesos en concepto de "reparación integral" del daño causado por la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta Presidencial durante la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 
A raíz de ello, el titular de la Fiscalía Federal Nº 2 de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó la homologación de la propuesta formulada por el Presidente, de pagar 1,6 millones de pesos por el daño causado -y, en consecuencia, declarar extinguida la acción penal-. En ese entonces el fiscal postuló que el dinero debía ser destinado a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán. En su dictamen, Domínguez fundó la racionalidad de aplicar en el caso la resolución alternativa de conflictos que propicia el Código Penal en su artículo 59, inciso 6, que prevé la extinción de la acción penal "por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes", y el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, que establece que "los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecúen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social".