Un fiscal federal imputó a Emerenciano Sena y a su mujer por trata

El fiscal federal de Chaco, Patricio Sabadini, imputó ayer al dirigente piquetero Emerenciano Sena, a su mujer, Marcela Acuña (presos junto a su hijo César

por el femicidio de Cecilia Strzyzowski), y a Osmar "Quintín" Gómez, un ex funcionario del gobierno de Jorge Capitanich y allegado a los Sena (y actualmente detenido por abuso sexual de una docente), en una causa que se inició en 2010 por el delito de trata de personas. La denuncia la hizo Sergio Schoklender cuando todavía estaba al frente del programa Sueños Compartidos y en ella acusaba al piquetero cercano al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, entre otros delitos, de someter a la servidumbre a las personas que trabajaban en un predio ubicado sobre la Ruta 11. La causa estuvo parada durante casi 13 años pero fue reactivada tras el asesinato de Cecilia Strzyzowski con nuevos testimonios.
Para el fiscal, los tres imputados "habrían captado a los denunciantes al ofrecerles trabajo, engañándolos haciéndoles creer que tendrían buenas condiciones laborales y que serían los dueños de las casas que ellos mismos construirían, aprovechándose de la clara situación de vulnerabilidad de los mismos producto de las necesidades económicas, la falta de acceso a una vivienda adecuada, al empleo regulado y adecuadamente remunerado". Además, Sabadini los acusa de haberse valido "del uso de violencia, amenazas y hostigamiento de toda índole, como insultos y maltratos psicológicos, desvalorización, para mantenerlos en esa situación de subordinación ante el riesgo constante de quedar sin trabajo".
Según consignó ayer el portal Infobae, el fiscal Sabadini es el que investiga el dinero encontrado en la casa de los Sena y sostiene que la trata de personas podría ser el delito precedente del lavado de dinero. En ese expediente se pidieron informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), a la Unidad de Información Financiera (UIF), y a varios Registros de la Propiedad y del Automotor. También se libró un oficio a la Secretaría General de Gobierno de la Provincia del Chaco para que informe cada una de las transferencias que recibió el clan Sena.
Pocos días después, el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep), un organismo oficial de la provincia del Chaco, confirmó que este año le transfirió $141.395.812,83 a la Fundación Saúl Andrés Acuña, que sigue intervenida por el gobierno de Jorge Capitanich. Los pagos comenzaron el 1 de febrero y se cortaron el 2 de junio, el mismo día que fue asesinada Cecilia Strzyzowski.
 En la causa de trata el fiscal citó a dos mujeres que ya habían declarado como testigos, una de ellas, Marcela Beatriz Leiva, contó cómo llegó al clan Sena y reveló las condiciones en las que trabajaban. "El trato era siempre malo, había insultos, denigraban a todos los trabajadores, los manipulaban y amenazaban. Los obligaban a ir a las plazas para mostrar la fuerza que tenía el movimiento, les decían que debían llevar a los chicos para que estos aprendan el espíritu de lucha y a la vez sirvan de escudo para que no los repriman", declaró ante la Fiscalía. Sabadini también citó a María Soledad Vega, quien ratificó el maltrato que sufrían los trabajadores. "Un día Marcela Acuña golpeó a una compañera llamada Alejandra cuando estaba trabajando, porque decía que provocaba a los compañeros y la humilló después en una reunión ante todos", recordó. El mes pasado el fiscal quiso escuchar a Schoklender, el mismo que promovió la causa, para ahora formular los cargos.