Pagaron solo el 40% de la fianza para liberar a Josele
Así lo aseguró ayer el querellante. Pedirá que vuelva a prisión.
Silvio Sosa, abogado de la familia de Maximiliano Aquino, el estudiante universitario que fue asesinado hace ocho años y cuyo caso volvió a la actualidad debido
a la reciente liberación de José Altamirano, joven que fue condenado a 22 años debido a que la Corte Suprema anuló la sentencia, aseguró ayer que lo que entregaron los familiares del condenado no supera ni siquiera el 40 por ciento de la fianza fijada. El abogado anunció que solicitará la nulidad de la resolución que permitió la liberación de Altamirano, argumentando que fue arbitraria y careció de fundamento legal. Además, expresó su confianza en que el tribunal tomará una resolución justa y acorde a derecho en esta cuestión crucial.
Uno de los puntos más preocupantes para el querellante es que la fianza fijada por el tribunal ascendía a 10 millones de pesos, pero Altamirano y su familia ofrecieron vehículos como garantía sin una tasación adecuada. "El tribunal había fijado una fianza de 10 millones de pesos y el defensor y la familia ofrecieron un Fiat Espacio 147, modelo 1995 y una moto Moto Honda Wave 110, año 2013. Además, el abogado defensor presta una caución por la suma de un millón y quinientos mil pesos", dijo Silvio Sosa, abogado de la familia de Maxi Aquino. "No supera el 40 por ciento de la fianza fijada", agregó.
Por su parte, el doctor Hermindo González, quien hasta el mes pasado fue el defensor, aseguró que "toda la investigación tuvo irregularidades, defectos e ilegalidades y Josele Altamirano recuperó la libertad por las irregularidades y defectos de todo el proceso de investigación, algo que nosotros sostuvimos desde el comienzo. Estas irregularidades las criticamos en su momento y pedimos la nulidad del procesamiento, en el debate solicitamos que sea absuelto, luego lo pedimos en la Casación y fuimos hasta la Corte, que terminó entendiendo las razones que habíamos expuesto", explicó el abogado Hermindo González, quien hasta comienzos de septiembre era el defensor de "Josele", cuando fue apartado de sus funciones por decisión de la familia Altamirano por considerar que no había avances.