Un fiscal provincial procesado en causa por quedarse con terrenos
Para la jueza la acción afecta a la fe pública ya que no se puede determinar el tiempo de la maniobra y eso pone en duda todos los títulos emitidos.
La jueza de Instrucción 3 de la ciudad de Corrientes, Josefina González Cabañas, fue entrevistada por un medio capitalino donde relató detalles de la causa
denominada "Catastro" por estafas en apropiaciones de terrenos y propiedades en los que se encuentran implicados funcionarios públicos, escribanos y abogados, lo que para la magistrada sería una asociación ilícita. Dijo que la causa tiene 635 carillas, ya que no todos tenían las mismas funciones en la organización que tendría otros delitos, como el posible fraude de la administración pública en la Dirección de Rentas.
Para la jueza es un hecho muy grave "ya que es asociación ilícita que ha afectado a la fe pública de los inmuebles que han sido inscriptos en estas reparticiones públicas, ya que los títulos son la documentación que da la seguridad al propietario", que por el momento no se pudo determinar el tiempo que venían operando, por lo que pone un manto de dudas a todo el sistema.
A pesar de que pasó un año, hay una abogada que se encuentra prófuga y fue declarada en rebeldía, por lo que pidió la "intensificación de la búsqueda ya que esta persona se comunica con sus abogados e incluso sacó un video en las redes sociales sin que pueda ser localizada".
Entre los implicados está el fiscal de Cámara Gustavo Schmitt, quien está implicado en una triangulación para quedarse con un terreno. Para ello habían falsificado la documentación. Allí aparecía Domingo Billordo como el supuesto comprador de terrenos en Lomas de Santa Ana y quien le habría vendido a través de un poder al fiscal Schmitt. Pero resultó que Billordo nunca estuvo en Santa Ana, por lo que fue sobreseído de culpa y cargo.
Schmitt ya había intentado quedarse con esas propiedades a través de una prescripción adquisitiva, pero la Justicia no se lo permitió.
En ese orden, el lunes se conoció la imputación de 18 personas, entre ellas el fiscal y dos ex funcionarios provinciales, quienes fueron procesados por integrar una organización delictiva dedicada a la falsificación de documentación, apropiación, venta e inscripción irregular de diversos inmuebles.
Los procesamientos fueron dictados por la jueza de Garantías correntina, María Josefina González Cabañas, a pedido del fiscal Gustavo Roubineau, en el marco de una causa que se inició a fines de 2021.Según las fuentes, entre los procesados se encuentran la ex directora del Registro de la Propiedad y el Inmueble, escribana María Eugenia Demetrio; el ex director de Catastro Narciso Santín Toffoletti; y el fiscal de juicio Gustavo Edmundo Schmitt Breitkreitz. El fiscal Schmitt fue procesado por el delito de estafa, en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso. Mientras que por supuesta asociación ilícita se procesó a la escribana Gladis Dionisia Báez, Mario Faustino Espíndola, Liliana Griselda Ortiz, Alberto Iván Bordón, Carolina Elizabeth González, Carolina Beatriz Giles, el mencionado Toffoletti, Alba Cristina Zamudio y Pedro Antonio Verón. Por fuera de esa presunta asociación ilícita, pero por los delitos de estafa y uso de documento público falso, también quedaron cerca del juicio la abogada Virginia Griselda Aquino y Gerardo Martín Berman. También fueron procesados por delitos de estafas Jorge de Jesús Leiva y Héctor Abel Leiva. Asimismo, a Demetrio, que fue removida del cargo cuando se inició esta causa, se la procesó por incumplimiento de deberes de funcionario público, al igual que los funcionarios Pedro Antonio Verón, Wilda Alicia Velazco Bergna, María Bernarda Correa y María Mercedes Arostegui. Una de las más comprometidas en este proceso es la escribana Báez, quien continúa detenida por 15 hechos de estafa reiterados, falsificación y uso de diversos documentos públicos, agravados por su calidad de funcionaria pública, en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública. A su vez, en el mismo fallo se dictó la falta de mérito para otros cinco sospechosos, al tiempo que hay una imputada prófuga.