Llegó a medios nacionales el caso del fiscal procesado y que sigue con su rol

La particular situación de uno de los fiscales de Cámara de la ciudad de Corrientes, que ha sido procesado por falsificación de documentos, llegó a los

medios nacionales mientras aquí los superiores del funcionario aún evalúan qué medidas tomar cuando hace sólo una semana destituyeron a una colega -la fiscal de Cámara de Santo Tomé- por maniobras espurias similares, aunque a una escala más pequeña ya que se trata del título de una casa, mientras que en este caso es por una importante cantidad de hectáreas en una zona de alto valor inmobiliario. La aparente "distinta vara" puede deberse al renombre del funcionario en cuestión, a su traductor en el Ministerio Público, que en su haber figura haber intervenido directamente en causas judiciales donde dos ex gobernadores de esta provincia terminaron siendo condenados. 
Los cierto es que el escándalo del fiscal de Cámara de Corrientes Gustavo Schmitt, imputado por "estafas", llegó a los medios nacionales (como el diario porteño Clarín), mientras que en el ámbito judicial aún se analizarían sanciones, cuando el antecedente más reciente de la ex fiscal Olga Anahí Tabacchi, destituida la semana pasada, todavía resuena, aunque el eco parece no afectar al procurador que sigue adelante ejerciendo la acusación pública. 
Tomó trascendencia nacional la imputación al fiscal Schmitt, quien está acusado de la apropiación ilegal de terrenos en la localidad de Santa Ana de los Guácaras mediante mecanismos fraudulentos, causa en la que también están imputadas 18 personas, la mayoría funcionarios del Gobierno provincial, dos de ellos titulares de Registro de la Propiedad y de Catastro.
Por otra parte, las fuentes señalan que se está analizando qué sanción le cabría en la previa del procesamiento al fiscal Schmitt, imputado por "presunta estafa" en una "causa donde investigan a personas por la compraventa de terrenos con poderes irregulares en la localidad de Santa Ana. Se está definiendo si se los suspende antes de la elevación a juicio, lo que podría ser en poco tiempo, y sería un escándalo para la Justicia correntina.
La jueza de Instrucción María Josefina González Cabañas Morales analizó cuatro denuncias y con base en eso procesó a 18 personas.
Directivos del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Dirección de Catastro eran personas claves para detectar aquellas propiedades que estaban en sucesión o no tenían toda la documentación en regla, pero también facilitar la inscripción a nombre de los nuevos titulares. A partir de esos datos, la banda armaba poderes falsos de administración e iniciaba los trámites ante la Justicia Civil o fraguaba ventas para luego presentar la documentación ante Catastro y el Registro, donde estaba la otra parte de la banda. Algunas ventas incluso se hacían a través de inmobiliarias.
Para los investigadores, es clave el rol que desempeñó Teresa Olinda Vázquez, quien se mantiene prófuga desde fines de 2021, cuando estalló el escándalo. La mujer tenía fluidos vínculos con el fiscal de juicio Gustavo Edmundo Schmitt Breitkreitz, según surge de escuchas telefónicas. Ambos se conocen de su pueblo natal, en Formosa.
Vázquez vivía en el pintoresco pueblito de Santa Ana, una localidad muy cerca de Corrientes Capital que en los últimos tiempos se convirtió en un boom inmobiliario.
A través de esa mujer, Schmitt Breitkreitz habría detectado una enorme propiedad cuyos titulares habían fallecido y sus herederos no habían iniciado los trámites sucesorios. El funcionario judicial inició en la Justicia Civil un trámite de prescripción adquisitiva, pero como tuvo un fallo desfavorable, acudió nuevamente a Vázquez. La mujer utilizó un poder falso y fraguó una venta a Domingo Sebastián Billordo y luego este transfirió unos 50 lotes al fiscal y a la abogada Virginia Aquino. Billordo se enteró de esa operación cuando fue citado a indagatoria.
El fiscal Gustavo Roubineau y la jueza González Cabañas Morales recibieron las primeras denuncias a fines de 2021 e iniciaron una paciente investigación para intentar establecer los alcances de la organización delictiva y de sus integrantes.
El dato se filtró y el jefe de Legales del Registro de la Propiedad Inmueble, Pedro Antonio Verón, impulsó una denuncia penal que no habría tenido otra finalidad que eludir su responsabilidad en las maniobras y también cubrir a la por entonces directora de ese organismo, María Eugenia Demetrio, quien estuvo presa por el hecho.