Un modelo en construcción

Incertidumbre y preocupación, esas son las sensa­ciones en el sector de la construcción por el futu­ro de la obra pública en el país, tras los amagues del presidente electo, Javier Gerardo Milei, de sus­pender la actividad por falta de recursos y su inten­ción de estimular la inversión privada. "No se pueden hacer obras porque no hay plata", fue el razonamiento sencillo y demoledor del libertario en una entrevista televisiva a mediados de la semana que acaba de ter­minar. El argumento parece irrefutable, si se traslada el ejemplo del país a una familia o un hogar, el resulta­do es idéntico: en una familia donde no alcanza para comprar comida o cubrir las necesidades básicas, ¿el jefe de hogar se pone a construir? El mismo caso se aplica para cual­quier otra instancia, una institu­ción, una empresa, un municipio y así hasta llegar a la Nación. Pues bien, hay numerosos sectores de la Argentina actual que reniegan de esta conclusión, por caso los simpatizantes y adherentes del gobierno de los Fernández. Los empresarios de la construcción parecen pensar lo mismo que el gobierno que se está despidien­do, pero se cuidan de no decirlo. 

En los últimos días, a partir de la mencionada afirmación de Milei, se multiplicaron las manifestaciones de rechazo. Además de la Cáma­ra Argentina que nuclea a los dueños de empresas, también el sindicato, denominado Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), plan­teó un estado de "preocupación" y "alerta". No son los únicos, también dirigentes políticos, la mayoría de la administración que termina su mandato y algún que otro gobernador o intendente. 

Por el momento no está claro si la inquietud refie­re a la paralización de la obra pública; al cambio de reglas para proyectar y ejecutar emprendimientos de infraestructura, o a ambas cosas. Las primeras seña­les de quejas son confusas, hay molestia por la para­lización de las obras, pero todo parece indicar que el escozor real es por el cambio de paradigma en el sis­tema de construcción oficial. El Estado dejaría de ser financista y apelaría a la iniciativa privada. Esto sig­nifica que el riesgo de inversión cambia de lado en el mostrador.

Se habla de un sistema a la chilena, algo similar, pero no igual, a las PPP -Participación Público Priva­da- que impulsó Mauricio Macri durante su mandato y no tuvo éxito. Básicamente se trata de un cambio de roles, el Estado deja de pagar y solamente se ocupa de acordar con el sector privado obras de infraestructura que corren por cuenta y riesgo del ejecutor, quien se cobra con el usufructo. 

El modelo tiene un gran benefi­cio y muchas contras. El beneficio salta a la vista, el Estado no pone un peso, únicamente controla. Lo negativo es que el empresariado solamente se dedicará a hacer obras que puedan dar rédito pos­terior, ejemplo: una ruta o una au­topista; un puerto, la canalización de la hidrovía, una línea ferrovia­ria. 

A través de este mecanismo la autovía de la Ruta 12, que es el monumento al abandono K, per­fectamente se podría haber eje­cutado sin contratiempos. Pero, una obra menor sin usuarios que paguen, difícilmente despertaría interés.

No hay sistema perfecto. El que propone Milei tiene sus deficiencias; el que aplicó el kirchnerismo durante dos décadas está a la vista, incluso con varios capí­tulos judiciales que involucran al empresario Lázaro Báez hasta la ex presidenta Cristina Kirchner.

"La obra pública ya está paralizada", alertó el ac­tual ministro Gabriel Katopodis como si eso fuese imputable a Milei, que todavía no asumió. Katopodis aún no descubrió que la campaña del miedo no dio resultado, porque es una mentira. "¿De qué vamos a alarmarnos nosotros si Corrientes no ha tenido obra pública a causa de la discriminación?", dijo Gustavo Valdés.