El frente laboral

Al cierre de esta edición, en su décimo día de mandato el presidente Javier Gerardo Milei dio a conocer los trazos gruesos del promocionado Decreto de

Necesidad y Urgencia (DNU) con el que pretende avanzar en la "desregulación" del Estado Nacional, menudo objetivo que seguramente llevará un largo tiempo de trabajo y necesitará sobre todo de un eficaz andamiaje legal que permita abordar todas las cuestiones sin caer en controversias y aportar soluciones prácticas y duraderas. Parece un contrasentido, pero no lo es. Hace falta una megaestructura para desbaratar el entramado de disposiciones que burocratizan el Estado. Requerirá de consenso político, un factor que por el momento escasea.
Apenas se revele en plenitud el contenido del DNU se sabrá qué suerte correrá el plan estructural del presidente libertario. Algunos ya se apuraron a plantear objeciones, los kirchneristas están primeros en la fila. 
Independientemente de la estrategia del peronismo K, que además de desmemoriado es impiadoso en el rol de oposición, el hecho innegable es que Milei necesitará de consensos mínimos para hacer pie con cualquier programa. Especialmente si piensa gobernar vía DNU a prudente distancia del Congreso de la Nación y atacando distintos frentes que son sensibles para la sociedad. Hará falta acuerdos, y como complemento muy buena comunicación. 
La imposición no es la receta adecuada, hay mucha gente sensibilizada, y con razón. Y si además se forzarán cambios estructurales, el resultado puede ser traumático.
Por ejemplo se dice que el modelo laboral que impulsa Javier Milei tiene puntos de contacto con el que rige en los Estados Unidos, y que incluso aplican algunas compañías de origen norteamericano en la Argentina. Se trata de un esquema de normas que apuntan a fomentar el incremento de la demanda laboral eliminando obstáculos para las contrataciones, pero también dejando de lado las trabas para despedir personal cuando ya no se lo necesita.
Desde la instauración del peronismo en los 40, la Argentina fue poniendo cada vez más el acento en la protección de los derechos del empleado, lo cual fue instaurando la idea del trabajo "para toda la vida", o el "puesto fijo", como lo llaman en Italia y otros países europeos. Un ejemplo son los puestos públicos, los que se desempeñan en algunas entidades financieras estatales, donde hasta suele tener prioridad el "hijo/a" del empleado próximo a jubilarse, para entrar a la entidad. Ese régimen se aplica mucho en provincias, donde también los cargos públicos suelen ser "hereditarios".
Ahora bien, el periodista José Calero -especialista en temas económicos- sostiene que el presidente libertario impulsa un sistema que podría terminar siendo de alta rotación laboral, con períodos de prueba muchos más extensos que los actuales, e indemnizaciones menos onerosas para los patrones y más magras para los empleados. Los estudios jurídicos vinculados al derecho laboral, como el del abogado laboralista Héctor Recalde, ya están alertando que estos cambios podrían terminar judicializándose.
Desde el lado empresarial miran de reojo al ultrakirchnerista Recalde, y la vocación por "la industria del juicio". 
Uno de los ítems más complejos de la reforma que intenta Mieli es la extensión del período de prueba, de 3 a 8 meses. Según el Gobierno, esto permitiría impulsar una rotación más alta en sectores con mucho empleo no especializado, como comercio o gastronomía. A eso se sumaría un cambio en el sistema de multas por trabajo informal o incluso la eliminación de estas penalidades.
Para los expertos, el modelo se parece al que aplicó España en 2012, con un resultado oscuro: el 70 % del empleo que se creó fue temporario.