Chaco Corrientes SoyNorte Club
Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.nortecorrientes.com/a/188093
PROTOCOLO ANTIPIQUETE 

El Gobierno dijo que el operativo de seguridad costó $60 millones

Se identificó a 14 organizaciones que deberán pagarlo. El vocero presi­dencial precisó que ya se realizó una denuncia por el delito de extorsión. 

Finalmente el Gobierno nacional difundió el infor­me de los gastos del primer protocolo antipiquete: ase­guró que costó alrededor de $60.000.000 y confirmó que "se les pasará la factura" a los grupos que impulsaron la marcha del 20 de diciem­bre.

El vocero presidencial Manuel Adorni detalló que se identificó la participa­ción de 14 organizaciones y las enumeró: Polo Obrero, Corriente Clasista y Comba­tiva, Movimiento Evita, La William Cooke, MTR 12 de abril, CUBA MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dig­nidad, El FOL, Barrios de Pie, Torres, MTE y Movimiento Patria Justa.

"Se denunció el delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de pla­nes sociales", detalló el por­tavoz en la rueda de prensa diaria que ofrece en la Casa Rosada. La presentación re­cayó en el juzgado de Sebas­tián Casanello y en la fiscalía de Gerardo Pollicita.

En el mismo sentido, Adorni precisó que en la lí­nea 134, que fue habilitada para que los beneficiarios de planes sociales denuncien aprietes o amenazas de los punteros políticos por no participar en las marchas, "se recibieron 16.150 llama­das, de las cuales hay 1.200 que se encuadraban dentro de la tipología señalada" en la presentación judicial.

Hasta el momento hay 32 personas denunciadas y el Gobierno nacional asegu­ra que tiene el detalles de "quiénes son, cómo se lla­man y en qué organización operan".

En el Boletín Oficial, a través de la Resolución 949/2023, se determinó que la Policía Federal, la Gendar­mería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y el Ser­vicio Penitenciario Federal debían evaluar los costos de los operativos que "se hubie­ren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos" -dice el texto en sus funda­mentos-, en alusión a la in­terrupción de corte de calle.

En la misma resolución se precisó que se iban a te­ner en cuenta los siguientes criterios de ponderación de gastos:

- Las horas/hombre em­pleadas en cada operativo, que se calcularán según la remuneración por jerarquía de cada uno de los unifor­mados que participaron.

-El combustible utilizado.

-Los elementos consumi­dos en los operativos.

-Otros costos en los que hubiere incurrido a conse­cuencia directa del opera­tivo.

De ese relevamiento surge el dato del costo de 60.000.000 que generó la implementación del pri­mer protocolo antipiquete, que fue diseñado por el mi­nisterio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. "Vamos a intimar a las orga­nizaciones para que se ha­gan cargo del gasto que no le corresponde (pagar) a la ciu­dadanía", remató el vocero.

Luego de la conferencia, el Ministerio de Seguridad difundió el informe final y agregó: "Se desarrolla el pro­ceso de identificación de las personas que cortaron la vía pública, en violación al ar­tículo 194 del Código Penal, de las que ya se identifica­ron 35. Aún faltan verificar varias de las cámaras. Sin embargo, el pequeño núme­ro de infractores demuestra el éxito del operativo des­plegado".

"Aún se desarrolla el pro­cedimiento de cruce con las bases de datos para verificar quiénes poseían un plan social a fin de proceder de acuerdo con las normas del Ministerio de Capital Hu­mano", se apuntó en el mis­mo texto.

Mientras Adorni hablaba ante la prensa, la Corriente Clasista y Combativa (una de las 14 organizaciones denunciada por el gobierno de Milei) se organizaba para marchar al Obelisco porte­ño en rechazo al DNU del Gobierno.

En la jornada de ayer, la ministra Bullrich informó que se había activado el Pro­tocolo Antipiquetes a las 4 de la madrugada para evitar cortes en la Panamericana, en el Puente Pueyrredón, en el Congreso y en la Casa Ro­sada. Aclaró además que en la Ciudad de Buenos Aires es la Policía local la encargada de evitar los cortes de calle.

A su vez, el Gobierno na­cional oficializó la creación de un Comando Unificado Urbano con el objetivo de realizar "tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano para el tejido de los territorios fe­derales" y que "haya orden, convivencia y libertad" en el país.

Así lo confirmó la ministra de Se­guridad, Patricia Bullrich. "Conside­ramos que ese co­mando conjunto tiene que lograr que esta decisión de que haya orden, conviven­cia y libertad se mantenga siempre", dijo.

La funcionaria precisó que en el Comando parti­cipan todas las fuerzas fe­derales y también la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, agregó, que por supuesto está invitada la de la Provincia de Buenos Aires.