Reformulan mayor plan social y lo dividen en tres áreas

En el Gobierno ya hay un plan para reformular el es­quema general de los planes sociales. El Potenciar Tra­bajo, que cobran 1.200.000 personas y consume casi un punto del PBI, dejará de existir en los términos actuales. En los próximos meses cambiará de nombre y se atomizará en al menos tres secretarías de Estado; Niñez y Familia, Trabajo y Educación, todas depen­dientes del superministe­rio de Capital Humano que maneja Sandra Pettovello. El proyecto demoraría por lo menos tres meses. Es el tiempo que llevaría com­pletar y procesar una nueva auditoría sobre el universo total de beneficiarios, de los cuales el 50 por ciento vive en el Amba y el restante se reparte en 22 provincias. "Con los planes sociales nadie salió de la pobreza", diagnostican en el flamante gabinete de Javier Milei.

Durante la campaña, Ser­gio Massa empujó el Decre­to presidencial 565/2023 para trasladar el universo completo de planes desde el Ministerio de Desarrollo So­cial al de Trabajo a partir del 1 de enero. La idea significa­ba el regreso a la política so­cial que el peronismo ejecu­tó desde 2002 a 2009, cuan­do Cristina Kirchner (tras la derrota en las legislativas) creó el Argentina Trabaja. Macri envió los programas que aún quedaban en Tra­bajo a Desarrollo Social y renombró el programa bajo el paraguas institucional de Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario que sancionó por unanimidad el Congreso en 2016. Alber­to Fernández reestructuró esos programas bajo el pa­raguas institucional del Po­tenciar Trabajo, que admi­nistró durante esa gestión el jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. Hoy ambas dependencias fueron re­convertidas en secretarías. En el Gobierno advirtieron que habrá una prórroga de 90 días. Mientras tanto, el universo total de planes quedará bajo la órbita de la Secretaría de Niñez y Fami­lia que conduce Pablo de la Torre. La cartera laboral, a cargo de Omar Yasin, super­visará, cuando la auditoría esté finalizada, a los traba­jadores de las cooperativas y particulares informales. Cuando se implemente la reestructuración que dia­graman en el Ejecutivo, los beneficiarios que no termi­naron sus estudios deberán privilegiar la finalización de los mismos para cobrar el beneficio que -hasta ahora- equivale a la mitad del sala­rio mínimo. Ese segmento sería monitoreado por la Secretaría de Educación a cargo de Carlos Torrendell.

El Gobierno pretende li­cuar la intermediación de las organizaciones socia­les que controlan miles de cooperativas que funcionan como unidades de gestión donde los beneficiarios prestan sus contrapresta­ciones para cobrar el bene­ficio. Suspendió los contro­les de asistencia de los mo­vimientos sobre las mismas y potenció la ayuda estatal directa con el aumento del 50 % de la Tarjeta Alimen­tar y el 100 % de la AUH. En el Ejecutivo calculan que el 80 por ciento de los planes hoy son controlados por los movimientos socia­les, con el Evita a la cabeza. Según sus cálculos, el 20 por ciento está en manos de provincias y municipios. En el Gabinete no descartan transferir la administración de los programas a los go­bernadores e intendentes que las reclaman y recelan históricamente del poder territorial y los recursos de las organizaciones.

CONTRA EL DNU DE MILEI

Daer confirmó la movilización de la CGT 

El cotitular de la Confede­ración General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, dijo que "es importante que el Con­greso y la Justicia actúen" frente al Decreto de Nece­sidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la eco­nomía y expresó que no se imagina a "ningún peronista aprobando" la norma en el Congreso.

"Es importante que la justicia y el Congreso ac­túen", dijo el titular de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de Sanidad de la Argentina (Atsa). Daer confirmó la movilización que hará el próximo miér­coles al mediodía la CGT al Palacio de Tribunales: "Va­mos a ir a la Justicia y vamos a acompañar con nuestros cuerpos orgánicos la pre­sentación ante Tribunales", dijo. Señaló asimismo que desde la CGT van a "conver­sar con todo el arco político que incluye al peronismo, a la izquierda, a los radicales y a un sector del PRO para buscar que el camino sea el debate en el ámbito del Congreso". Es que el DNU deberá seguir su camino en el marco de la Comisión Bi­cameral de trámite legislati­vo que espera ser conforma­da la semana próxima en el Congreso. En cuanto a la marcha convocada para el miércoles, que se espera sea masiva, Daer dijo que "será difícil que vaya por la vereda", en un abierto desafío al protocolo de orden público implemen­tado esta semana por pri­mera vez por el Ministerio de Seguridad en las jornadas de protesta que hubo en la ciudad. Para el dirigente gremial, "nadie esperaba un acto tan avasallante sobre la institucionalidad como el DNU que firmó el presidente Javier Milei". "Las reformas se deben debatir en el Con­greso, de cara a la sociedad, para eso están las institu­ciones, porque nadie puede arrogarse el poder público para hacer y deshacer todo a su antojo", señaló el diri­gente