Una abogada no acreditó la representación del Estado

La Cámara del Trabajo revocó el recurso extraordi­nario para llegar a la Corte Suprema por un insólito ol­vido de una abogada de la Procuración del Tesoro que no acreditó la representa­ción para ejercer ese rol.

"Advertido en este estado que con la presentación rea­lizada el 12/1/2024 a las 14.12 hs, la Dra. Carolina Soledad Maidana no acompañó los instrumentos idóneos para acreditar la representación que dice investir y tampoco se invocó imposibilidad al­guna de presentarlos, revó­case por contrario imperio el decisorio dictado en el día de la fecha a las 10.48 hs. (arg párrafos primero y se­gundo del art. 46, CPCCN), de modo tal que queda sin efecto el traslado conferi­do", señala la resolución del juez Alejandro Sudera, que votó a favor de la cautelar de la CGT. En el Gobierno dicen que el error es subsanable y que la abogada del Estado tiene 48 horas más para pre­sentar la documentación, con lo que los hechos la apelación no se cae pero se demora.

Pero más allá de la cues­tión técnica, el episodio mete ruido en el oficialis­mo y especialmente con los bloques aliados en Diputa­dos, que tienen la compleja tarea de justificar el posible apoyo a la Ley ómnibus y el mega DNU, a pesar de que los propios funcionarios no le ponen demasiado empe­ño. De hecho, en el capítulo laboral no hubo presencias de funcionarios nacionales en el plenario de comisiones donde se debate la ley. El fa­llido de la Procuración, pone nuevamente en el centro de las críticas la estrategia ofi­cial para la batalla judicial por el DNU, especialmente en el capítulo laboral que es el único hasta ahora que fre­nó la Justicia.

El propio Barra repitió ante los medios que el DNU debió presentarse por sepa­rado y le apuntó al jefe de Gabinete, Nicolás Posse. El Procurador incluso sugirió que el Congreso podría re­moverlo de su cargo.

Télam informó que en su recurso -en el marco del caso CGT- el Gobierno ca­lificó de "hipotéticos" los perjuicios que ocasionaría a los trabajadores el capítu­lo laboral del DNU 70/23 de desregulación económica. Los abogados que repre­sentan al Estado Nacional también consideraron que la decisión de suspender ese capítulo del DNU "pue­de traer consecuencias irre­versibles" y acusaron a la Justicia laboral de "privile­giar a un sector gremial por sobre los intereses de toda la población". "No se acre­ditaron ni mínimamente los perjuicios que ocasiona­ría la norma, sino que son hipotéticos y meramente conjeturales", sostuvieron los abogados