Bonos, una señal de alarma

La Legislatura de La Rioja aprobó, prácticamente con un trámite exprés, el proyecto enviado por el gobernador Ricardo Quintela (PJ - K) solici­tando autorización para la emisión de $15.000 millones en Bocade, los cuales se usarán para cubrir 30 % del salario de los trabajadores de la administración pública provincial. El 70 % restante del salario se paga­rá en pesos. Según afirmaron desde la gobernación, el bono va a tener circulación en los comercios riojanos y servirá para pagar impuestos locales. Se abre así un escenario, que no es nuevo en el país, pero que parecía impensado hasta hace un tiempo para algunas provin­cias, especialmente para La Rioja que ha sido siempre bien atendida por el gobierno central sin importar el signo po­lítico del Presidente de turno. Evidentemente el tratamiento fi­nanciero preferencial que le fue dispensado no alcanzó para edi­ficar una administración prolija que mantenga a flote la provincia en momentos de dificultades.

Incluso con Mauricio Macri se mantuvieron los privilegios que fueron establecidos en la década de los años ‘90, durante el me­nemismo, para La Rioja. Ni que hablar durante la gestión de los peronistas Duhalde, Kirchner y su viuda. También el díscolo Alberto Fernández, con antepasados riojanos, mantuvo en funcionamiento la sonda de alimentación financiera para Quintela. Tantos años de asistencia no sirvieron para fortalecer la economía provincial.

"Estamos en un contexto económico muy complejo como el resto del país. Venimos de una inflación que impactó más del 30 % en diciembre y con la retención que hizo Nación respecto de los fondos extra copartici­pables o de retención desde parte de octubre que nos vienen debiendo, lo cual nos puso en una situación absolutamente compleja", señalaron desde el Ejecutivo provincial. 

El desaguisado lo pagarán, en principio, los emplea­dos públicos de La Rioja, y luego por derrame le caerá el problema al resto de los habitantes de la provincia. El bono, que se denominará Bocade (Bono de cancelación de deuda) llevará impresa la imagen de "El Chacho" en honor al caudillo Ángel Vicente Peñaloza. Más que un tributo podría interpretarse como una afrenta al prócer provincial. 

Los argentinos en general, y los correntinos en par­ticular, tanto como los habitantes de provincias con­servan fresco el recuerdo de los bonos, las cuasimone­das que se presentan como una solución y en realidad constituyen una certificación de miseria. 

El caso de La Rioja remite a lo que sucedió durante la crisis económica del 2001, cuando proliferaron papeles de este tipo, aunque -hay que de­cirlo- existen antecedentes ante­riores de bonos de cancelación de deudas lanzados a mediados de la década de los 80. El recurso derivó de la prohibición fijada por la ley de Convertibilidad al Banco Cen­tral para la emisión de pesos sin el correspondiente respaldo de sus reservas, paridad 1 a 1 con el dólar.

En el final de la presidencia de Fernando de la Rúa la convertibi­lidad había cumplido una década de vigencia con un déficit fiscal creciente que carcomía las cuentas del Estado. El mandatario radical recurrió entonces a Domingo Cavallo, precisamente el creador de la con­vertibilidad, para que solucionara la situación y para ello se valió de la recreación del impuesto al Cheque (que él mismo había eliminado diez años antes) y del recorte del gasto por medio de la política de "déficit cero", pero ambas medidas resultaron insuficientes para cumplir con las transferencias de coparticipa­ción a las provincias. Por tal razón, en agosto de 2001 se anunció la emisión de las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop), fue el inicio del festival de bonos provinciales. Aquí en Corrientes, por otros motivos, el Cecacor ya tenía dos años. Difícil olvi­darlo. Pese a la lección que significó, la historia comien­za a repetirse.