Los jubilados, siempre postergados

Motivo recurrente de variadas promesas, que nunca se concretan, por parte de los candidatos durante las campañas prose­litistas, los jubilados constituyen el sector más adorado desde lo discursivo y al mismo tiempo el más postergado en los hechos. Difícil encontrar otro segmento social que sea igual de vulnerable y que sin embargo sufra una burla sistemática por parte de cual­quier gestión de gobierno. El recuerdo más fresco, y ciertamente también el más indignante, es el compro­miso que enarboló en su campaña Alberto Fernández que aseguró que iba a desarmar la bolsas de las leliqs y con eso pagar mejores salarios a los jubilados. No pasó ni una cosa ni la otra: no sólo en­gordó la deuda con las leliqs sino que arruinó a los abuelos con una fórmula de movilidad más dañina que la que había implementado Mauricio Macri. En estos 40 años de democracia el sistema previ­sional argentino ha marchado en una única dirección: hacia atrás.
Es importante resaltar que el profesor Fernández, que por estos días vive en Madrid, no tiene la exclusividad, hay otros infames. Los jubilados son siempre blanco del destrato. Sin ir muy lejos, en este momento están en boca de los legisladores que discuten el proyecto de Ley Ómnibus que mandó el presidente Javier Milei al Congreso. Se supone que en defensa del bienestar de los jubilados -que hoy cobran salarios mínimos de 105.000 pesos- diputados de dis­tintas bancadas objetan la iniciativa oficial, que entre otras cosas propone anular la actual fórmula de movili­dad y reemplazarla por el índice de inflación mensual. 
El cambio suena razonable, sobre todo porque la fór­mula de movilidad vigente que implementó el gobier­no de los Fernández no contempla la inflación mensual como un factor de la ecuación. Por eso los aumentos que se daban trimestralmente corrían desde atrás a la suba de precios y así, al final del año, tuvieron que re­currir a los bonos para compensar el deterioro. El bono o plus es una suerte de anabólico que sólo sirve para dejar en evidencia que los salarios son raquíticos, pasa en todos los estamentos y también los jubilados han caído en esa desgracia.
Como sea, en medio de las tratativas por la Ley Óm­nibus -que todavía continúan-, la reforma para los ju­bilados no tuvo éxito. Seguirá la fórmula de los Fernán­dez, que no contempla la inflación, por lo menos un trimestre más, después Dios, Milei o el Congreso dirá. 
Mientras tanto la Oficina de Presupuesto del Con­greso (OPC) hizo un análisis comparativo y determinó que la aplicación de la nueva propuesta oficial de ajuste de las jubilaciones por inflación hubiera implicado en 2023 una pérdida de diez puntos porcentuales menos que la que se generó con los criterios de la ley de Movilidad vigente.
El organismo bicameral, que vie­ne realizando una serie de infor­mes relacionados con diferentes aspectos del proyecto de ley "Ba­ses", comprobó que el año pasado la aplicación de la ley de Movilidad Jubilatoria (sin tener en cuenta los bonos adicionales) significó una pérdida del 32,2 % con relación a la inflación de 211,4 %. En una si­mulación con una hipotética apli­cación del nuevo criterio de actualización por el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec a partir de abril de 2023 "implicaría una baja de los haberes reales del 22 %".
Esa merma, indicó la OPC, "si bien continúa reflejan­do una pérdida, en términos comparativos representa una mejora de 10 p.p. respecto de la fórmula vigente". Es que la fórmula actualmente en vigencia resulta ser la menos beneficiosa porque tiene un desacople con la evolución de los precios al tomar información de un trimestre anterior.
El resultado -negativo- está a la vista, sin embar­go no hay acuerdo. ¿Cuál es la razón? Todos tienen una explicación distinta, y por eso los abuelos siguen postergados.