Universidades en alerta
A partir del 1 de febrero las provincias ya no estarán autorizadas a endeudarse con los bancos provinciales (generalmente era el Nación o el de cada provincia) para pagar salarios o cubrir déficit.
Distintas universidades públicas nacionales ya están comunicando a sus empleados que no cobrarán como estaban acostumbrados, el último día hábil del mes, y que seguramente se retrase al menos una semana el pago de los haberes.
El ajuste llegó rápido a las provincias y entes públicos, tras las palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, en conferencia de prensa el viernes pasado cuando comunicaba que se bajaba el paquete fiscal de la ley ómnibus.
Al ser consultado por si el ajuste iba a ser mayor y lo iban a pagar todos, el jefe del palacio de Hacienda respondió afirmativamente.
Algo de esto también había anticipado el vocero presidencial, Manuel Adorni, el martes pasado, al comunicar a la pasada: "El Bcra nos informa que quedó fuera de agenda la extensión de la autorización para que las provincias se endeuden con bancos provinciales, mecánica que utilizan muchas veces para hacer frente a necesidades financieras urgentes".
A partir del 1 de febrero las provincias ya no estarán autorizadas a endeudarse con los bancos provinciales (generalmente era el Nación o el de cada provincia) para pagar salarios o cubrir déficit.
Desde hace varios años se viene autorizando esa operatoria, pero la última prórroga, aprobada por el Banco Central en enero de 2023 (comunicación A 7674) no será renovada.
Dicho y hecho, este lunes comenzaron a llegar correos electrónicos a los empleados de las universidades públicas, avisando de la mala nueva.
Como por ejemplo a los empleados de la Universidad Nacional de San Luis, que mediante un comunicado se les explica: "El pasado viernes 26 de enero fuimos notificados por autoridades del Banco de la Nación Argentina (nuestro agente financiero) de la imposibilidad de cumplir con el convenio de pago de haberes, que fuera firmado oportunamente, en la cláusula referida al adelanto de nómina salarial sin costo financiero (cláusula VIII del convenio)".
Esta cláusula permitía que la entidad académica (y muchas otras universidades y entes públicos) pudiera abonar los salarios los últimos días de cada mes, esperando el Banco hasta el día que se acreditara fehacientemente el dinero por parte del Tesoro Nacional. "Esto llevó a que fuera política de esta administración que, en todos los meses, se cobrara los 29, 30 o 31 del mes que finalizaba; y efectivamente el Ministerio de Economía giraba los fondos el tercer día hábil del mes posterior al pago. Existiendo un desfasaje de cuatro (4) o cinco (5) días corridos entre el pago efectivo y la acreditación", describe el comunicado.
Estas mismas comunicaciones fueron enviadas, en distintas versiones, a la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la de las Artes (UNA), y la de San Juan.
La medida, que fue considerada como extrema por parte de los representantes de las universidades, se da en el marco de las restricciones impuestas desde el Gobierno nacional, y que forman parte de las propuestas establecidas en la campaña del presidente Javier Milei.
La cuestión, por caso, choca con la mirada respecto a la responsabilidad del costo del ajuste, ante quienes el Presidente había identificado como "la casta". Pues bien, esas medidas afectan a trabajadores de la educación, quienes claramente no están en ese grupo identificado por Milei como los responsables de la debacle del país.
La cuestión, entonces, hace pensar en la manera en que las acciones de gestión se vienen cumpliendo, y su correlato (en contrario en este caso) con las promesas.