El modelo de la construcción
La Cámara Argentina de la Construcción se declaró en Estado de Emergencia; el gobierno de Milei le plantea un desafío existencial.
Entre los muchos asuntos centrales de la marcha del Estado que esperan una definición oficial está la obra pública, un tema específico que el gobierno del libertario Javier Gerardo Milei ya ha dado muestras de no tener apuro por resolver. De hecho, el Presidente hizo especial hincapié, durante la campaña y también tras la asunción, que su idea es habilitar un esquema de participación del sector privado para que la realización de los proyectos de infraestructura corran por cuenta de inversores interesados en el negocio. Ejecución de la obra y su explotación comercial, esa sería en síntesis la propuesta de Milei, que persigue un objetivo fiscal: sacar del rol de financista a la Tesorería nacional. La iniciativa, que por ahora es un semilla en estado de germinación, ofrece algunos aspectos positivos, pero encierra muchas condiciones negativas. Se trata de un nuevo modelo que demandará adecuación no sólo del interés empresario sino fundamentalmente del ordenamiento jurisdiccional. Habrá que ver cómo funciona en la Argentina donde hay una batalla de fondo por resolver y es cultural.
Con independencia de lo que quieren los nuevos inquilinos de la Casa Rosada, la realidad hoy es que los obradores están parados. La inactividad comenzó con la administración anterior, mucho antes del cambio de mando que se produjo en diciembre. Según la provincia, y la simpatía política, muchos proyectos se quedaron sin combustible financiero mucho antes de que largara la campaña de Sergio Massa presidente, la Autovía de la Ruta 12 en Corrientes es el mejor ejemplo. Mientras en el Chaco se terminaba la Autovía de la Ruta 11, aquí una obra similar no avanzó ni un metro durante todo el año 2023.
El kirchnerismo correntino que hoy patalea amargamente por la paralización de la obra pública nacional jamás advirtió el "abandono" que sufrió la Autovía de la Ruta 12. O son distraídos o son infames.
Como sea, el cuadro de situación en este momento es que no hay obras para nadie. Por eso la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) declaró en las últimas horas el Estado de Emergencia en todo el país y advirtió que es incierto el futuro de 1.400 empresas del sector que dan empleo a 200.000 personas.
En un documento donde define la emergencia nacional, la entidad reclamó a las autoridades nacionales y provinciales una solución en brevísimo plazo a los problemas planteados. Sostienen que la situación es excepcional. "Debemos alertar al Gobierno sobre la inminencia del colapso del sector", señaló Gustavo Weiss, presidente de Camarco.
Los empresarios esperan ser recibidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien absorbió la totalidad de la cartera de Infraestructura que antes estaba bajo el mando de Guillermo Ferraro, quien fue despedido por el presidente Milei. "Hay un sinnúmero de temas que queremos abordar para tratar de solucionar aunque sea parcialmente los problemas, pero no vemos una reacción rápida del Gobierno", dijo Weiss, que hace unas semanas advirtió: "Si hoy me pagaran todo lo que me deben no puedo reanudar la obra porque pierdo plata".
Se estima que hay más de 3.500 obras paradas en todo el territorio nacional. El freno de la obra pública, que comenzó en el último trimestre de 2023 y se acentuó desde diciembre, impactó de lleno en el sector generando una bomba económica al romper la cadena de pagos, en una situación de inflación creciente y reajuste paritario.
Ahora bien, una cosa es la deuda, otra distinta el futuro. El empresariado de la construcción, acostumbrado a un modelo de relación corporativa con el poder de turno, enfrenta con los libertarios un desafío: el negocio a cuenta y riesgo, sin el cheque seguro del Estado.