Un negocio fabuloso bajo la lupa
A través de la Dirección de Fiscalización y Control del Ministerio de Justicia de la Nación saldrán a revisar las cuentas de los Registros del Automotor.
El Gobierno Nacional puso bajo la lupa 141 Registros del Automotor cuyos números invitan a la sospecha, presentan gastos estrafalarios, que parecen inflados para justificar los balances, además vienen de adjudicaciones sin concursos y en general no se destacan por la transparencia de la administración. Por eso se dispuso una suerte de auditoría que irá avanzando por etapas hasta completar la totalidad de las reparticiones; en un primer paso se hará una fiscalización digital en 25 de ellos. Por el momento no aparece ninguno de Corrientes, pero la intención de los nuevos inquilinos de la Casa Rosada es desbaratar el fabuloso negocio montado en torno al mostrador donde se registran los vehículos.
Aunque las cifras varían constantemente, porque hay licencias por enfermedad o fallecimiento, de los 1.554 registros que hay en el país, alrededor de un 40 % está en manos de interventores. Son designaciones transitorias, que pueden ser revocadas con una sola firma. La gran mayoría son abogados, contadores o escribanos que deben cumplir una serie de requisitos para acceder a un registro, y hay un porcentaje menor de empleados de la Dirección Nacional que cobran un plus del sueldo y viáticos para viajar al interior.
El nicho de los Registros Automotor está estrechamente ligado a la política. Javier Milei puso allí la mira y dio aviso en la campaña electoral. La semana pasada el subsecretario de Asuntos Registrales, Carlos Medina, firmó una resolución y puso en revisión 141 registros que ya estaban intervenidos. En ese listado hay 42 registros de la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 6 del Chaco, entre otros distritos.
Es probable que revoquen la actual conducción y nombres de nuevos interventores. Por ahora se revisarán las cuentas y esa tarea estará a cargo de auditores externos, la primera tanda de 25 auditorías se harán en las oficinas ubicadas en las provincias de Córdoba, San Luis, La Rioja, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Buenos Aires. La tarea estará a cargo de la Dirección de Fiscalización y Control de Gestión de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Justicia, a cargo de Sebastián Amerio, el vice del titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Los gastos corrientes de los Registros no pasan por ningún control del Estado. No hay informes ni declaraciones juradas. Apenas hay un registro de los empleados que están en blanco y de los formularios y elementos registrales que se compran en la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), un ente cooperador que maneja fondos millonarios y que nadie se anima a discutir. "Todos los meses hacemos la liquidación por los trámites cobrados. Además hacemos una liquidación semanalmente a las provincias por los impuestos", explicó un interventor de la provincia de Buenos Aires -que se mantuvo en el anonimato- consultado por el portal Infobae. Y agregó: "Si quieren reducir los gastos hay que poner el foco en Acara, la mayoría de los registros hoy no ganan plata".
En el Ministerio de Justicia no descartan que el proceso de revisión pueda derivar en denuncias penales, si se encuentran sobreprecios, en los gastos declarados ante la Afip. Tampoco se descarta el cierre de algunos registros "que no tienen razón de ser". En ese caso, se apuntaría a una fusión con otros registros cercanos.
El proceso apunta a desnudar el negocio de la política. En el mundo de los Registros hay decenas de familiares y amigos de políticos, contadores "cercanos", hijos/as de ex legisladores nacionales, ex ministros y funcionarios. El modelo se replica en todas las provincias.
Hay mucho dinero en juego porque es un sistema burocrático pensado para recaudar, a costa del bolsillo y la necesidad de los usuarios.