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TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

Valdés: "Sabíamos que se iba a terminar el subsidio"

El gobernador anticipó que analizará cómo seguirá el ser­vicio. 

En alerta, pero sin exage­rar la nota de dramatismo, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, dijo que es­taban persuadidos de que la asistencia financiera que sostenía -o todavía sostie­ne- al sistema de transporte público de pasajeros se iba a terminar con el cambio de gobierno. Recordó que ya lo habían anticipado en su momento y que por eso se tomaron algunas medidas de contingencia. 

"Declaramos la emergen­cia del sistema de transporte público en toda la provincia. Ahora hay que sentarse a discutir cómo seguirá el ser­vicio", dijo Valdés en Monte Caseros ante una consulta de la enviada especial de NORTE de Corrientes. Fue durante la noche del viernes, previo al inicio del desfile de los corsos, donde estuvo el mandatario. Frente a la si­tuación que se plantea, no se mostró sorprendido por la quita del subsidio nacional: "Lo venimos diciendo hace rato, era algo que iba a suce­der y más por el perfil de este Gobierno nacional. Ahora hay que sentarse a analizar qué hacer con el servicio", señaló.

En la ciudad de Corrientes el boleto de colectivo au­mentó a $590 el viernes, en un esquema escalonado que definió el Concejo Deliberan­te y que se completará con otra suba, para llegar a $690 desde el 1 de marzo. Ese cua­dro tarifario se definió con un componente de subsidios nacionales, además de los aportes que hace la Provincia y el Municipio de Capital, sin los fondos del Gobierno cen­tral el precio debería ser más alto. Durante las audiencias públicas que se realizaron para escuchar opiniones so­bre el incremento del boleto, las empresas concesionarias dejaron constancia de que sin subsidios el valor del ser­vicio tendría que ubicarse arriba de $1.100. 

Lo nuevo, en medio de la recomposición tarifaria en Corrientes es que el presiden­te Javier Milei cortó el flujo de subsidios al transporte para las provincias y mantendrá únicamente las del Área Me­tropolitana de Buenos Aires -Amba-. Valdés, que mantie­ne una llamativa serenidad frente a las insolentes arre­metidas de Milei, no se quejó de la medida tomada por Na­ción, solamente adelantó que habrá que consensuar una reformulación del servicio para seguir adelante. Según el Presupuesto 2024, la Provin­cia debía destinar anualmen­te 1.500 millones de pesos al servicio, mientras que estaba previsto que la Municipalidad contribuyera con unos 700 millones de pesos. 

La declaración de emer­gencia permitiría al Gobierno provincial destinar recursos adicionales para financiar el servicio. En paralelo hay un conflicto latente con los cho­feres por la cuestión salarial, en la semana que acaba de terminar se desactivó un paro mediante la conciliación obli­gatoria. La crisis del sector se agrava por la distribución desigual de subsidios, donde el 90% se destinaba al Área Metropolitana de Buenos Aires. A pesar de esta dispa­ridad, la escala salarial para choferes es única en todo el país, generando tensiones ante la inviabilidad de cum­plir con un salario básico de un millón de pesos para los nuevos empleados a partir de marzo. 

Las empresas ya han anun­ciado su incapacidad para asumir estos costos, aumen­tando la probabilidad inmi­nente de un paro de choferes en la región. La situación subraya la urgente necesi­dad de reevaluar y reformar el sistema de financiamiento del transporte público a nivel nacional.

Cuatro distritos percibían  el grueso de los fondos 

Las provincias de Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Sal­ta concentraron durante 2023 el 53,9% de los recursos que el Estado nacional transfirió en concepto del Fondo Compensador del Transporte Público del interior del país.

"De acuerdo con los datos parciales provistos por la Se­cretaría de Transporte, las provincias recibieron en 2023 un total de $70.712 millones por el Fondo Compensador al Transporte Público de Pasajeros; al tiempo que las compensaciones tarifarias recibidas por el Amba totali­zaban $343.067 millones", dice un informe de la consul­tora Politikon Chaco.

El trabajo detalló que de aquellos $70.712 millones del Fondo Compensador destinados a las 23 provincias, el 20,6% quedó en Córdoba, con $14.573 millones entre enero y noviembre del 2023. Luego se ubicó Santa Fe, con el 14,9% ($10.548 millones); Tucumán, con el 9,6% ($6.813 millones) y Salta, con el 8,8% ($6.195 millones). En consecuencia, esas cuatro provincias concentraron el año pasado el 53,9% del total hasta noviembre de 2023.

Más atrás se ubicaron la provincia de Buenos Aires, ex­cluyendo los partidos del conurbano ($4.433 millones) y luego San Juan ($3.929 millones), Jujuy ($3.765 millones) y Entre Ríos ($2.652 millones).

"Si bien los datos provisorios indican que por el Fondo Compensador se distribuyeron $70.712 millones, las pro­yecciones realizadas considerando los meses adeudados a las provincias señalan que 2023 podría haber cerrado con un total destinado a tal fin de $87.600 millones, re­cursos que ya no llegarán en este 2024", señaló Politikon Chaco. 

LA RIOJA 

Cautelar ante la quita de subsidio 

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quin­tela, presentó ante el Juzgado Federal una medida autosatisfactiva en respuesta al anuncio de la eliminación del Fondo Com­pensador del Interior, lo que afecta directa­mente al transporte.

La acción de medida autosatisfactiva es contra la Secretaría de Transporte de la Nación, "ante el grave daño que causaría el anuncio oficial de ese organismo nacional respecto a la eliminación del Fondo Com­pensador, creado para subsidiar a las empre­sas del transporte público de pasajeros y de esta manera asegurar el servicio a la pobla­ción riojana".

Quintela consideró que en caso de con­cretarse la medida, "sería otra arbitrariedad del Gobierno nacional, esta vez contraria a la Ley de Presupuesto del año 2023, que en la actualidad sigue vigente por la reconduc­ción del mismo para el año en curso. El art. 81 de la citada ley, claramente mantiene el Fondo Compensador".

"Atento a ello -agregó- lo que se procura es que la Justicia le ponga un freno al avasalla­miento de las instituciones de la República", ya que "en el marco de un Estado de derecho se debe cumplir con la Constitución y las le­yes que de ella emanan".

Por otra parte, dejó de manifiesto que "este tipo de medidas del Gobierno nacional ocasionaría un grave daño a las provincias impactando en su economía, finanzas, pro­ductividad, perjudicando directamente a los usuarios del servicio de transporte, quienes tendrán que soportar la excesiva suba del precio del pasaje o lamentar el cierre de las empresas"