El costo del ajuste

El superávit en las cuentas públicas que se inscribió en enero pasado y que sin dudas constituye una señal auspiciosa respecto del necesario camino de

austeridad que debe transitar la administración del Estado, ha dado pie a un clima de exultante satisfacción en las filas del gobierno de Javier Milei que pareciera suponer -o al menos así lo presentan- que la fórmula del ajuste sin anestesia es la herramienta adecuada para cumplir con la meta fiscal. El objetivo, ciertamente saludable, pero al mismo tiempo exageradamente ambicioso dadas las condiciones en las que se encuentra el país, es equilibrar las cuentas y evitar que los gastos corrientes superen a los ingresos. Pues bien, en el primer mes del año lo han logrado. Es motivo de regocijo, pero corresponde revisar con detenimiento qué sacrificios se impusieron y a quiénes para alcanzar la meta propuesta.
El Presidente, que viene inflamado de optimismo de su gira europea que tuvo un capítulo especial en el Vaticano con el papa Francisco, no ha dado muestras de estar muy interesado en calibrar la intensidad del ajuste para morigerar el impacto que tiene en los sectores o áreas más sensibles. La econometría libertaria sólo identifica cifras, lo demás es accesorio y por lo tanto perfectamente suprimible.
Milei, con su ministro Luis Caputo, se han fijado un objetivo y dieron el primer paso. El próximo 22 de febrero la Secretaría de Economía de la Nación brindará los detalles del superávit primario devengado de la Administración Pública Nacional (APN), pero por lo pronto se estima que los gastos primarios experimentaron un fuerte descenso: 30,8 % interanual.
Ahora bien, la reducción en el valor real de las jubilaciones y pensiones se identifica como el factor más decisivo detrás del superávit financiero de 0,2 % del PBI logrado en enero. La postergación que vienen sufriendo los abuelos es clave en el andamiaje financiero. El esfuerzo al que están siendo sometidos es brutal y salvo declaraciones de circunstancias casi nadie se ocupa realmente del tema.
La radiografía de las cuentas señala que los gastos totales de la Administración Nacional registraron una caída real de 11,9 % año a año en el primer mes del año y el recorte en los primarios llegó a 30,8 % año a año. En ese marco, las jubilaciones y pensiones (-32,5 % año a año), los programas sociales (-59,6 % año a año) y los gastos en personal (-18,0 % año a año) fueron los rubros que más contribuyeron a la reducción de los gastos.
El costo social se vino abajo como consecuencia del plan de austeridad. También quedó anulada la obra pública; en su reciente visita a Italia, el presidente Milei se ufanó de haber paralizado los obradores porque "es un foco de corrupción", según dijo.
A grandes trazos estos recortes, en jubilaciones, programas sociales, envíos discrecionales a las provincias y obra pública, dieron como resultado el superávit. Se complementó, ya en febrero, con la quita de los subsidios, entre otras podas que afectan directamente a las provincias. El Presidente, que ha iniciado una disputa personal con algunos gobernadores, promete ajustar otras canillas. 
En este marco emerge un interrogante crucial: ¿qué pasará con las obras de infraestructura que comenzaron y están paralizadas? En la provincia de Corrientes hay más de 50 proyectos, muchos de ellos vinculados al área de Educación, que están totalmente frenados, aunque el portaestandarte del abandono es la Autovía de la Ruta 12.
El gobernador Valdés ha dicho que tiene intenciones de hacerse cargo de esa obra, pero reconoce que no hay financiamiento disponible. Entonces, ¿de dónde saldrá el dinero? y en todo caso ¿qué es prioridad, terminar las escuelas o una ruta? 
La Provincia tiene sus propias responsabilidades, es bueno reconocer los límites.