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JUZGADO FEDERAL DE GOYA

Jueza denunció a secretario y a ordenanza

La magistrada Cristina Pozzer Penzo acusa que destruyeron pruebas, entre otros delitos para retrasar las causas.

La jueza Federal de la ciudad de Goya, Cristina Pozzer Penzo, presentó una denuncia penal contra su secretario privado y un ordenanza de aquella sede

judicial, por 12 hechos privados, ocurridos entre octubre de 2023 hasta comienzos de febrero de este 2024 y que involucra delitos gravísimos vinculados a la destrucción de elementos de prueba, dañando seriamente la cadena de custodia, la omisión de cumplir con el deber de remitir información de las distintas causas, incurriendo en injustificadas demoras que han puesto en riesgo los procesos judiciales de diferentes expedientes. Además, otra de las acusaciones tiene que ver con la desobediencia de órdenes emitidas por la propia jueza y funcionarios de rango superior.
Además, la Dra. Pozzer Penzo denuncia que viene sufriendo persecuciones, hostigamientos, discriminaciones basadas en motivos de género y amedrentamientos tendientes a "disciplinarla" en razón del ejercicio de su cargo como magistrada.
El viernes a la mañana Pozzer Penzo, con el patrocinio letrado de la Dra. Mariana Barbitta, quien es presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina, presentó ante la Fiscalía General de Corrientes una denuncia contra un secretario y un ordenanza del Juzgado Federal de Goya, exponiendo las graves e ilegales acciones que ambos desplegaron en el ejercicio de sus funciones.
Según el escrito, que se extiende por casi 60 fojas, además de las pruebas aportadas y que lleva el patrocinio legal de los doctores Mariana Barbitta y Mariano Balanovsky, la jueza Pozzer Penzo también denunció que tanto el secretario como el ordenanza, se arrogaron facultades de jueces/zas y actuaron instruyendo procesos penales, cometiendo faltas graves como la de no preservar los datos de denunciantes, víctimas y personas menores de edad. La jueza desde hace un tiempo viene siendo blanco de hostigamiento permanente, sobre todo cuando causas de "alto perfil" llegan a los medios; ataques que rozan la violencia de género.
Hay casos puntuales de delitos complejos y crimen organizado, supuesto contrabando de soja, de lesa humanidad, o comercialización de estupefacientes y trata de personas con fines de explotación laboral; que generaron preocupación en diversos organismos por la demora inusitada ocurrida en estos últimos meses, muy sospechosos teniendo en cuenta la metodología de rápida resolución que venía teniendo aquel juzgado, sobre todo en los plazos. Casi intencionalmente.
En el comunicado señala que "todas las acciones desplegadas por los denunciados han supuesto un claro incumplimiento de las acordadas de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual pone en grave riesgo al servicio de Justicia y al Estado de Derecho, por lo que se espera que se lleve a cabo el esclarecimiento y juzgamiento de los mismos con la debida diligencia".
 La investigación ya está en marcha y de probarse estas irregularidades, ambos acusados podrían ir a prisión. Cabe agregar que esta jueza, es la misma que en 2016 desbarató una red internacional de trata cuando estaba subrogando el Juzgado Federal de Paso de los Libres, con 36 mujeres como víctimas y que terminó con la condena de más de 15 personas incluyendo el ex fiscal federal Benito Antonio Pont, quien fue apartado por problemas graves de salud. En ese caso la jueza debió tener custodia especial para ella y su familia ya que había recibido amenazas en el momento cuando iba a comenzar el juicio, que comenzó en mayo del 2023.