Asumió nuevo jefe del SPP luego de la imputación al antecesor por homicidio

El Servicio Penitenciario Provincial (SPP) renovó ayer su máxima autoridad con la toma formal del mando del inspector general Guillermo Sotelo. El

funcionario, que hasta antes del recambio dispuesto por el gobernador Gustavo Valdés ocupaba el cargo de director de Seguridad y Personal, estará a cargo de la institución responsable de la vida de más de mil personas presas en las diez unidades penales distribuidas en esta Capital y dos localidades del interior provincial (Goya y Paso de los Libres). En una ceremonia realizada por la mañana en la sede del SPP, por calle Pellegrini casi esquina San Luis, el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, tomó juramento al inspector Sotelo, quien relevó a su camarada el inspector general Rubén Roque Romero, quien se encontraba al mando desde 2019 luego de la última intervención ocurrida el 30 de agosto de 2014. 
 El recambio estuvo motivado fundamentalmente por la imputación que recibió Romero por parte del fiscal Gustavo Roubineau en la causa por el asesinato del preso José María "Kevin" Candia, el 21 de abril de 2020, durante una represión policial-penitenciaria en la vieja Unidad Penal 1, a causa de un reclamo de los internos por las condiciones de higiene en medio de un brote de coronavirus. Romero, en su calidad de máxima autoridad del SPP, al momento del hecho fue acusado de los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Incluso el abogado querellante, Hermindo González, solicitó su detención (prisión preventiva) y el cambio de carátula, lo que fue rechazado tanto por la Fiscalía como por la jueza del caso, doctora María Agustina Falcione, quien consideró que no existe riesgo procesal como para encarcelar a quien hasta ayer era jefe de los guardiacárceles. 
 No obstante, debido a la gravedad de la imputación, el Poder Ejecutivo dispuso apartar de sus funciones a Romero, manteniendo en el cargo de subjefa a la inspectora general Ana María Cantero y colocó al frente de la Jefatura Penitenciaria a Sotelo, quien debido a su rol anterior conoce al detalle el funcionamiento de la institución y sus componentes humanos, por lo que fue seleccionado entre otros candidatos, entre ellos los directores de la unidades penales. De este modo se produjo -más allá del tenor de la imputación- un traspaso ininterrumpido de una gestión a otra, dado que en los últimos 17 años el SPP tuvo dos interventores y tres jefes orgánicos. Cada intervención estuvo motivada por algún crimen de gravedad ocurrido en las dos principales prisiones correntinas: la Unidad Penal (UP) 1 y la 6. 
En 2007, tras la masacre en la Unidad Penal -donde hubo 3 muertos- se designó como interventor al comisario retirado Miguel Domínguez, quien estuvo en el cargo hasta febrero de 2012, cuando fue designado el inspector general Hugo Molina. En 2014 tras el asesinato y violación del preso Francisco Paniagua en la UP 6 fue designado interventor el comisario retirado Osvaldo de los Santos García. El caso Paniagua fue investigado por el ministro Duarte, por entonces fiscal de Instrucción.