Un concejal preso por violar a una mujer y amenazarla con quitarle el plan social

Un concejal de la ciudad de Goya fue detenido ayer luego de quedar imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Fuentes consultadas

indicaron que el arresto se concretó ayer a la mañana tras una audiencia de coerción en el Juzgado de Garantías local, donde la Fiscalía acusó formalmente al edil -electo el año pasado por la alianza Unión por la Patria- por hechos de violación contra al menos una mujer, a quien de acuerdo a la denuncia amenazaba con quitarle su plan social. 
De los datos recabados por este diario surge que el imputado es Guillermo Córdoba, integrante desde diciembre 2023 del Concejo Deliberante de Goya y anteriormente funcionario municipal entre 2014 y 2017 (gestión kirchnerista de Gerardo Bassi) y luego delegado de Agricultura Familiar de la Nación. 
 De acuerdo a la denuncia, para cometer los abusos sexuales Córdoba amenazaba a la presunta víctima de que iba a perder todo su plan social (Potenciar Trabajo), su trabajo en el Movimiento Evita, y que le iba a hacer la vida imposible. El caso recuerda a los recientes hechos ocurridos en la vecina provincia del Chaco, donde dirigentes de organizaciones sociales fueron denunciados y quedaron detenidos por violar a sus compañeras y en uno de los casos valiéndose directamente del cobro del plan social, lo que fue comentado por el propio Presidente de la Nación en la apertura de la sesiones del Congreso. Si bien hasta donde se pudo saber, en el caso de Goya hasta el momento existe una sola denunciante formal, quien dejó de manifiesto que "sabe que 27 compañeras de trabajo también pasaron por situaciones parecidas siendo víctimas de Córdoba, pero la mayoría se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y saben que si no tienen ese sueldo, no comen".
En la mencionada audiencia, el fiscal Juan Carlos Castillo consideró que existían elementos de prueba suficientes para imputar a Córdoba por el delito de "abuso sexual con acceso carnal y amenazas en modalidad de delito continuado", por lo que ordenó la prisión preventiva del acusado mientras se lleve adelante el proceso que con el vigente Código Procesal Penal no puede exceder los 2 años. La medida fue acompañada por la querella particular en representación de la víctima y también por la Secretaría de Derechos Humanos de Goya. 
 El juez de Garantías, Darío Ortiz, convalidó la orden del fiscal Castillo al dar cuenta de que todas las garantías del derecho constitucional fueron respetadas para con el imputado, quien tuvo oportunidad de contar con un defensor y rebatir las acusaciones. No obstante, el grado de convicción que ofreció el relato de la víctima fue suficiente para que el concejal acusado quede privado de su libertad hasta que sea llevado a juicio oral o admita su responsabilidad penal en un juicio abreviado, lo que es una posibilidad cierta en el Código. La situación generó incertidumbre en el Poder Legislativo municipal, que determina qué sucederá con el escaño, así como del sector político al que pertenece Córdoba que hasta el momento no se ha pronunciado.