El descontrol del Gobierno: los datos alarmantes de la auditoría

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto posee unas 2.957 obras de arte en el exterior, por un valor total estimado en USD 4.100.000, a las que se les

debe sumar la colección de arte argentino y precolombino ubicada en la sede central en la Ciudad de Buenos Aires y en el Palacio San Martín, valuada en otros 15 millones de dólares.

El Palacio San Martín es la sede ceremonial de la Cancillería, un edificio histórico con alto valor patrimonial, pero que hasta no hace mucho tiempo tenía graves debilidades de seguridad: según la auditoría del Estado nacional que encargó Javier Milei, este inmueble no tenía operativo el sistema contra incendio, lo que ponía en riesgo la integridad de estas obras de enorme valor histórico y monetario.

Esta es tan sola una de las irregularidades halladas en el informe de entrega y recepción (decreto 126/2023) que esta administración realizó para conocer la situación de toda la administración pública nacional. 
Allí se enumera la cantidad total de empleados, juicios en trámite, contrataciones vigentes e inmuebles sin títulos de propiedad, entre otras anomalías.

Mientras en la Cancillería reparan el sistema contra incendio, este Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto también se ocupa de regularizar la situación de 61 inmuebles que tiene en su inventario, pero de los que no posee escrituras ni documentación que acredite su titularidad.

Son 61 propiedades destinadas al culto, que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) le asignó a la Cancillería, pero que están en una especie de situación irregular porque el ministerio no ejerce la custodia ni el mantenimiento de estos inmuebles. 
Entre estos están la catedral de La Plata y la Ciudad de Buenos Aires. Así se establece en la auditoría integral del Estado.

Otra de las irregularidades que se detectó se centra en el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, que ahora conduce Mariano Cuneo Libarona. Según los documentos a los que accedió este medio, el monto total de dinero de ese fondo, a diciembre de 2023, es de $21.274.693.

La auditoría que se hizo sobre esta cartera y este fondo en particular demostró que hay "ausencia de control en la ejecución e instrumentación del fondo", además de falta de informes mensuales, semestrales y anuales de la gestión y las actividades de este fideicomiso que se deben elevar al Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata.

Además, hay un dato que es realmente llamativo. Según el ejercicio 2022/2023, los gastos administrativos del fideicomiso "superaron ampliamente a los montos de beneficios otorgados a las víctimas del delito de trata". En otras palabras, cuesta más caro sostener el fondo que la cantidad de plata que se envía a las víctimas.

De la auditoría se desprende otro dato curioso. Hay un pequeño organismo, tal vez desconocido, en el que sus empleados reciben un salario más alto en promedio que quienes se desempeñan en el Ministerio del que dependen.

Es el caso del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), que de acuerdo a los datos oficiales de noviembre de 2023, sus empleados recibían en promedio $1,4 millones (bruto) cuando el resto de las carteras cobraba unos $800 mil. El Inprotur tiene 58 empleados. Actualmente, un director de este organismo percibe $3,1 millones en bruto.

El Gobierno tomó la decisión de echar a dos de sus funcionarias que se encontraban en las delegaciones turísticas de Francia y Estados Unidos y que tenían sueldos por un total de $11 millones.

Según explicaron fuentes oficiales, esto obedece a que el Inprotur es un ente de derecho público, pero que no integra la administración pública nacional, por lo que no se rige por las mismas escalas. Se encargan de promocionar a la Argentina en el mundo. Su principal fuente de financiamiento es una tasa que se cobra ante la emisión de pasajes internacionales.