Cuando la víctima de abuso sexual no desea atravesar por un juicio oral 

A través de un dossier especial por el Día de la Mujer, en la edición de marzo de los Cuadernos de Jurisprudencia del Poder Judicial de Corrientes se

conoció el caso en que el Tribunal de Revisión de Capital admitió la suspensión del juicio a prueba en una causa por agresión sexual. Los magistrados reconocieron la voluntad de la víctima, que no había sido tenida en cuenta en el proceso previo y expresaron que una salida alternativa, ante un caso de violencia de género, implica reconocer la autonomía de las mujeres para la toma de decisiones.
Los doctores Diego Núñez Huell y Mario Alberto Alegre, integrantes del Tribunal de Revisión de esta capital, ordenaron que se convocara a una audiencia de suspensión del juicio a prueba en el caso de una mujer víctima de violencia sexual. La decisión había sido denegada por la jueza que entendía en la causa, puesto que las normativas nacionales e internacionales que defienden y protegen a las víctimas, no lo permiten.
Sin embargo, la mujer cuestionó esa negativa: dijo que no se sintió escuchada, que no deseaba llegar a juicio oral por el quiebre emocional que significaba y que deseaba "fervientemente" que finalizara todo. Fue muy enfática: "Lo más sanador para mi vida era el método alternativo de reparación integral".
En el proceso anterior, la magistrada que había intervenido, había señalado que el imputado estaba acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente con menor de 18 años, cometidos en contra de la víctima en su condición de mujer y niña. Por lo que rechazó la posibilidad de aplicar medidas alternativas (ver recuadro: Caso Góngora).
No obstante, los magistrados se expidieron a favor de la suspensión del juicio a prueba, también consentida por el Ministerio Público Fiscal. Esta salida alternativa al juicio oral no sólo resultaba ser la expresa y libre voluntad de la víctima, sino también, lo más favorable desde el punto de vista de evitar su revictimización. Y para el imputado, implicaría un esfuerzo como modo de expresar la comprensión de la gravedad de los hechos que cometió y su arrepentimiento. La palabra de la víctima fue absolutamente relevante: no deseaba atravesar el padecimiento de rememorar en un probable juicio todos aquellos hechos que le causaron ya mucho daño, tanto físico como psíquico.
El sentido de escuchar a la víctima, se correspondía con la noción de atender también a sus intereses, puesto que de lo contrario, la sola circunstancia de requerir su opinión no tenía razón de ser. En referencia al caso "Góngora" la contradicción no era insalvable porque la interpretación debía realizarse en función de sus objetivos fundamentales: ofrecer un "procedimiento legal justo y eficaz para la mujer‘ que involucre un ‘juicio oportuno‘. (...) No existe un modelo estandarizado de víctima, no todas las mujeres pretenden lo mismo, con lo cual, prohibir genéricamente la utilización de un mecanismo alternativo, considerando que ninguna mujer que acude a la Justicia puede manifestar libremente su consentimiento en el proceso, vulnera claramente los deberes de respeto, de reconocimiento a la autonomía y a la dignidad de las personas".

ESCUCHA ACTIVA
Para finalizar, en la resolución N° 793/23 los jueces se mostraron en contra de construir reglas absolutas y determinantes que establezcan una unívoca respuesta posible para todos los supuestos, puesto que de ese modo se abandona la comprensión de la especificidad de cada caso, de cada víctima, de cada realidad, siendo trascendental el rol de la víctima en el proceso, garantizando de ese modo, el acceso a la justicia con base en una escucha activa y que tenga como horizonte una verdadera tutela judicial efectiva.
No se pretende prescindir del juicio y la sanción punitiva de casos de violencia contra las mujeres, puesto que, según la clase de conflicto, esa puede ser la respuesta acertada, mediante el dictado de una sentencia condenatoria y/o absolución. No obstante lo cual, entendemos que se debe tener presente cada situación (con sus particularidades), no pudiendo descartarse de forma anticipada y abstracta, una alternativa restaurativa, ya que la solución (juicio oral y público) no puede ser de aplicación genérica para un universo de casos disímiles y distantes a las aristas del hecho concreto, como acontece en autos, existe el consentimiento expreso de la presunta damnificada para su tratamiento.

Caso Góngora

En el primer proceso la magistrada había rechazado la posibilidad de aplicar medidas alternativas, amparándose en los tratados internacionales a los que Argentina adhirió y que impiden que, en los casos de violencia de género, puedan acordarse otras salidas alternativas al juicio oral. En ese sentido citó el caso paradigmático "Góngora" en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) debatió el alcance del artículo 7 de la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer "Convención De Belem Do Pará". En ese proceso la Corte Suprema de Justicia de la Nación había entendido que los objetivos de la normativa y la necesidad de establecer un "procedimiento legal justo y eficaz para la mujer", que incluya "un juicio oportuno", hacían improcedente la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia de debate oral.