El Gobierno eliminó partidas para cajas jubilatorias a Corrientes y 12 provincias

El Gobierno y las provin­cias atraviesan otro frente de tormentas como con­secuencia del freno a las transferencias a las cajas jubilatorias especiales. La próxima reunión entre fun­cionarios nacionales y go­bernadores, prevista para el 4 de abril, llega así con un nuevo foco de tensión. 

Es que por DNU el Go­bierno del presidente Ja­vier Milei frenó los giros que la Anses le realiza a Corrientes y otras doce cajas de jubilaciones pro­vinciales no transferidas. Desde la asunción de Milei esas transferencias no se realizan y venían siendo reclamadas. 

La decisión derivará en nuevas presentaciones ju­diciales: ya hay distritos que en otras oportunidades llegaron a la Corte Suprema de Justicia, como es el caso de Corrientes. Las partidas para las cajas no transfe­ridas están previstas por presupuesto nacional des­de el Gobierno a provincias de distintos signos políti­cos: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes. Estas cajas pagan las jubilaciones de los empleados públicos provinciales y se financian primariamente con los aportes de los trabajadores, a quienes se les realiza el descuento correspondien­te. Sin embargo, esa recau­dación no cubre el total de las jubilaciones, por lo que el Gobierno cubre ese rojo mensualmen­te, tal como hace con las provincias que no trans­firieron sus cajas a la Na­ción.

Desde diferentes pro­vincias calcularon cuán­to debería girarle Anses en abril: Buenos Aires, $25.300 millones; Cór­doba, $11.300 millones; Chaco, $2.560 millones; Corrientes, $930 millones; Entre Ríos, $6.500 millo­nes; Formosa, $2.260 mi­llones; La Pampa, $1.720 millones; Misiones, $1.790 millones; y Santa Fe, $10.030 millones. En total, unos $62.500 millones.

Hasta diciembre pa­sado, estas provincias venían recibiendo las partidas sin actualizar, incumpliendo la ley. 

Desde enero, la Casa Rosada no les giró ni un peso más, ni siquiera a valores históricos, con lo cual hay deuda acumu­lada respaldada por una ley. Los mandatarios de las jurisdicciones afecta­das están dispuestos a ir a la Justicia por el tema.

Fuentes conocedoras de los números previ­sionales confiaron que la deuda acumulada de la Anses con estas ca­jas ronda los US$2.000, aunque alrededor de la mitad es "compensable" por acreencias del Fondo de Garantía de Sustenta­bilidad. Entre las que más deben están Buenos Aires y Chubut, por ejemplo. Las partidas para las ca­jas no transferidas están previstas por presupues­to nacional desde el go­bierno de Mauricio Ma­cri, cuando se alcanzó un acuerdo entre la Nación y provincias. 

Desde 2023 se esta­bleció que se actuali­zarían en función de la movilidad jubilatoria, lo que nunca se cumplió. El miércoles, por el DNU publicado en el Boletín Oficial, se eliminaron varios artículos de la Ley de Presupuesto (27701) de 2023, prorrogada para este año, y cayó también este esquema. Desde que asumió Milei se cortaron estas transferencias. No sólo no se realizaban ac­tualizadas, sino que di­rectamente no se hacían. El impacto es fuerte para las finanzas provinciales: lo que no pone la Nación lo deben aportar los teso­ros provinciales. 

El pago de la deuda acumulada por falta de actualización era un pun­to que, en el inicio de la gestión libertaria, los gobernadores pidieron resolver como forma de descomprimir tensiones, pero no fue aceptado. 

Cuando el cordobés Osvaldo Giordano estu­vo a cargo de la Anses por 75 días planteó usar una parte de los activos del FGS para cancelar esa deuda con los sistemas previsionales en ma­nos de provincias: eran US$5.600 millones. Pero la propuesta no fue acep­tada. En la gestión de Ma­cri se acordó que aquellas provincias que no trans­firieron los regímenes previsionales a la Nación recibirían los mismos re­cursos que le costaría al sistema central si los tu­viera bajo su órbita. 

De esta manera, dejó de exigirse la "armoniza­ción" que había sido un punto de conflicto du­rante la gestión de CFK. Como en todo sistema previsional, sin importar la órbita en que esté, para que el rojo no crezca de­bería haber más emplea­dos públicos, lo cual es un contrasentido. 

Si los gobiernos pro­vinciales son más eficien­tes, hay más brecha entre aportantes y pasivos. Si no median reformas previsionales, el gasto jubilatorio será crecien­te. Según un informe de la Asap, la relación entre aportantes y beneficios es de 3 a 1 en la Patago­nia; de 4 a 1 en Misiones, y menos de dos por cada prestación en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Formosa