Prepagas: pese al freno de la Justicia continúa el aumento de las cuotas

Las empresas de medi­cina privada ya informa­ron las subas de marzo y preparan más incrementos para los siguientes meses, aumentos que iniciaron en febrero y los asociados están pagando hasta un cien por ciento más que en diciembre pasado. Así las prepagas buscan recuperar el retraso de 2023 y pese a que con frecuencia se co­nocen medidas cautelares que ponen un freno a los aumentos en las cuotas de las empresas, la enorme mayoría de los afiliados a ellas continúan recibiendo facturas con incrementos que terminan resultando impagables.

Lo que parece una con­tradicción, acaso una des­obediencia de las empresas respecto de las medidas judiciales, tiene su expli­cación.

El sistema judicial ar­gentino no contempla las sentencias "erga omnes", es decir, que un fallo para un caso sea aplicable au­tomáticamente a todos los demás en similar situa­ción. Ello significa, en los hechos, que cada afiliado a una prepaga debería iniciar una acción judicial indivi­dual para obtener un fallo que pusiera un tope a los aumentos indiscriminados y abusivos de las cuotas, lo cual es materialmente im­posible. 

Existen, no obstante, las "acciones colectivas". La Corte Suprema los es­tableció hace unos quince años y bajo esa modalidad tramitó varios expedientes. Incluso creó un Registro de Procesos Colectivos, donde se tramitan esos expedien­tes.

Un proceso colectivo aglutina a todos los ciuda­danos que denuncian una situación similar, los agru­pa y resuelve sobre "ese" colectivo. 

A modo de ejemplo: si un simpatizante de un club de fútbol presentara un amparo porque no lo dejan entrar al estadio con una bandera y otros sufrieran la misma restricción, el Po­der Judicial podría tratar los casos como un proceso colectivo y dictar una me­dida que les permitiera el acceso no ya a los que re­clamaron, sino a todos en idéntica situación. 

Lo arduo, en estos casos, es delimitar con precisión los alcances de ese "colec­tivo".

En el caso de las prepa­gas, ya hay un proceso co­lectivo en la Corte, pero el máximo tribunal todavía no lo resolvió. Eso tiene más que ver con cuestio­nes políticas que jurídicas, aunque con frecuencia am­bas facetas van de la mano, sobre todo en las alboradas de los gobiernos.

También, en ese caso, la delimitación se insinúa completa: como hay mu­chas empresas de medici­na prepaga, el "colectivo" no son todos los afiliados de todas las prestadoras. Los afiliados a la prepaga A forman un colectivo; los de la B, otro, y así sucesiva­mente. 

La máxima aspiración de los usuarios, en este es­cenario, es un fallo aplica­ble a todos los afiliados a una misma empresa. Aun­que -en tren de ponerse en detallistas, especialidad de los que sucumben a la capacidad de lobby de las empresas- bien podría ser que fueran todos los afilia­dos que tuvieran el mismo plan de cobertura.

En los últimos días se co­noció un fallo del Juzgado Federal de Dolores, que in­trodujo una cuestión nove­dosa: en una economía in­flacionaria, prohibir el in­cremento de las cuotas de las prepagas podría derivar en un perjuicio irreparable para la empresa. Entonces, acepta los aumentos, pero los ata al "índice de sala­rios registrados" que pu­blica en Indec. Es decir que las cuotas aumentan en la misma proporción que au­mentan los salarios.

CÓMO SON LOS AUMENTOS

Lo cierto es que las em­presas de medicina prepa­ga preparan aumentos en las coberturas para todos los meses de 2024 tras la formalización de la des­regulación de la salud. En marzo el aumento de las cuotas llegó al 25% y para abril proyectan un porcen­taje similar, en algunos ca­sos de unos puntos menos. En tanto, para las siguien­tes facturaciones prevén incrementos en línea con la inflación proyectada. 

Pese a este incremento, el sector asegura que aún sigue retrasado. Según fuentes de la Unión Argen­tina de Salud (UAS), toda­vía queda por recuperar al menos un 40% del atraso de 2023 producto de la ace­leración de los costos -in­sumos y honorarios profe­sionales- y los precios re­gulados en los planes, que provocaron que los aumen­tos a los afiliados no fueran suficientes, argumentan.

"Desde 2011 hasta 2023 los incrementos se debían estipular en función de la estructura de costos de cada financiador, pero en la práctica, Salud definía para todas las entidades el mismo porcentaje", explicó una fuente vinculada al ru­bro, sobre el mecanismo de aumentos que rigió hasta diciembre.

Así, las entidades inten­tan recuperar los puntos perdidos en el último año, cuando las cuotas aumen­taron por debajo de los in­sumos y los salarios.s