Milei quiere avanzar con las negociaciones con la ley Bases y DNU

En una nueva oportuni­dad para los gobernadores, como se encarga de remar­carlo el presidente Javier Milei, el Gobierno busca conquistar los votos nece­sarios para la sanción de la nueva versión de la ley óm­nibus y obtener el respaldo legislativo necesario para aprobar el mega Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

Tras el fin de semana lar­go, los funcionarios de la administración retomarán las negociaciones con los mandatarios provinciales tras las nuevas críticas li­bertarias en su contra, y con la tensión a flor de piel a raíz del recorte de trans­ferencias directas y fondos automáticos.

Con la intención de co­sechar el apoyo necesario para pasar las principales reformas para finales de abril, el ministro del Inte­rior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, recibirán el jueves a los gobernadores de Juntos por el Cambio en una reu­nión que debió ser repro­gramada por problemas de agenda.

La idea de la gestión es concretar acercamientos con todos los bloques le­gislativos y gobernadores para avanzar en los puntos controversiales, que giran en torno a diferencias en el tema jubilaciones y en el impuesto a las Ganancias, que demoran los acuerdos.

LAS ACLARACIONES DEL GOBIERNO.

El ministro del Interior anticipó que el Gobierno modificará las escalas del impuesto a las Ganancias, vigentes desde noviembre de 2023, y aclaró que "si no se elimina" el pago del pri­mer trimestre con la nueva ley "tiene que pagarse a fin de año".

Al respecto, explicó que el piso del tributo "empie­za a partir de la suma de $1.200.000 para arriba, pero siempre en el entendi­miento de que los números más bajos de la escala ha­gan un porcentaje mucho menor, porque hay algunos que hablan del 35% y esto no es así, porque es un im­puesto que establece una progresión".

Por otra parte, rechazó la versión que circuló sobre la decisión de Casa Rosada de eliminar las transferencias de recursos previsionales a las provincias y la posibili­dad de eliminar las obras de infraestructura estatales. 

El encargado de avanzar con los acuerdos con los gobernadores reveló que, a pesar de las "versiones erróneas que confunden", las reuniones "han avan­zando y seguramente la ley Bases se va a tratar en el Congreso hacia finales de este mes".

"La idea es que la ley Ba­ses y la reformas tributarias que se van a enviar sean el primer paso hacia el pac­to de mayo que propuso el Presidente", subrayó el funcionario.s

"Pullaro tendrá sus mo­tivaciones, pero el ajuste es general. La casta ha perdido un espacio", dijo Francos.

El gobernador de Santa Cruz se bajó del pacto de mayo en Córdoba

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, le advirtió al Gobierno nacional que sus legisladores "no van a acompañar nin­gún tipo de ley de Bases", y que "tampoco va a haber pacto de mayo" para ellos.

El motivo es "el ajuste que le aplica la Na­ción" a la provincia "en materia de educa­ción y de salud", con "la difícil situación" que atraviesa y "el grave problema econó­mico" que heredaron, sentenció.

Días atrás el mandatario había declarado que desde su provincia quería aportar al país, porque su deseo es que le vaya bien al país. Sin embargo, dejó en claro que al pac­to de mayo iría sólo a través del diálogo. "A las patadas, no", determinó. 

Paralelamente, la provincia tuvo que atravesar situaciones complejas en varios sectores: la UTE Represas Patagónicas des­pidió a 1.800 obreros de la construcción, al mismo tiempo que la intervención del ya­cimiento carbonífero Río Turbio demoró el pago de los sueldos de los mineros. 

Por su parte, YPF informó la suspensión de petroleros, camioneros y obreros, por el cierre de diez áreas en la provincia, a par­tir de este mes, y que en total suman 5.000 puestos de trabajo.

Con respecto a la posibilidad de privati­zar Río Turbio, Vidal escribió, en su cuenta personal de la red social X un texto en apo­yo, y recalcó que "no van a negociar despi­dos".

"Defendemos para que siga siendo pú­blico. Junto a los intendentes de 28 de no­viembre y Río Turbio, le manifestamos al ministro del Interior, Guillermo Francos, nuestro rechazo a cualquier intento de pri­vatización", sentenció el gobernador. 

El tucumano Osvaldo Jaldo también aler­tó que, a pesar de su buena predisposición, observa el impacto negativo en las arcas financieras provinciales. "A este ritmo va­mos a empezar a tener problemas sociales en las provincias. Hay provincias que tie­nen déficit fiscal y, por ende, no pueden atender temas prioritarios como la salud o la educación", advirtió.

Lo propio planteó el gobernador de Cór­doba, Martín Llaryora, quien anticipó que acompañará las medidas, pero lanzó una advertencia al sostener que "los vecinos se están quedando sin ninguna capacidad de afrontar el ajuste".

El salteño Gustavo Sáenz denunció, además, que los jubilados "siempre fueron la variable de ajuste" de todos los gobier­nos, "porque no producen, los que pien­san en una planilla de Excel los agarran a ellos".