Universidades y una crisis por fondos

Una de las primeras medidas dispuestas por Javier Milei es la de prorrogar el presupues­to de 2023, que, paralelo con el ajuste llevó a que los ingresos en las distintas áreas men­guaran de manera significativa. Y así la educación su­perior es uno de los espacios donde la crisis se siente de lleno.

Es por eso que el presupuesto universitario del co­rriente año es el más bajo desde que se lleva registro (1997), y la caída interanual en su ejecución es del 34,4%.

El dato surge de un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij).

El análisis reveló el complejo panorama económico que en­frentan las casas de altos estudios para garantizar su funcionamien­to, como consecuencia de la deci­sión del Gobierno de prorrogar el Presupuesto 2023 y profundizar el recorte de fondos sobre el ámbito educativo, frente a un escenario de fuerte inflación que llegó al 287,9% interanual en marzo.

En ese sentido, desde la Acij precisaron que "la decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar el presupuesto del año anterior im­plica una reducción del 72% en términos reales para desarrollo de la educación superior", por lo que asegu­raron que, "de no haber modificaciones que amplíen los montos disponibles, este será el presupuesto uni­versitario más bajo desde 1997, año a partir del cual se cuenta con datos del programa".

En cuanto a la ejecución del presupuesto durante el primer trimestre de 2024, el estudio refleja que "el Gobierno nacional ejecutó un 30% menos del gasto to­tal en términos reales, en comparación con el mismo período de 2023", y remarca que "la reducción en las políticas universitarias es aún mayor, alcanzando el 34,4%".

Asimismo, detalla que "dentro de las partidas que conforman las políticas universitarias, la más impor­tante, para el desarrollo de la educación superior, expe­rimentó una disminución del 32,9%" en los primeros tres meses del año, mientras que "lo ejecutado en becas Progresar sufrió una caída del 46,9%, y lo destinado a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria disminuyó un 18,4%", en tanto que "los programas de infraestructura universitaria práctica­mente no tuvieron ejecución".

Al especificar el impacto de la reducción de las par­tidas en los distintos sectores, el informe indica que "dentro del programa de desarrollo de la educación su­perior la caída afecta de manera significativa a todas las actividades que comprende".

Al respecto puntualiza que "los fondos asignados al pago de sala­rios registran una disminución del 32% para docentes y autoridades, y del 28% para el personal no docen­te", en tanto que "el financiamiento destinado al funcionamiento uni­versitario se ha reducido en casi un 60% en comparación con el año 2023", y por el lado de "las transfe­rencias a hospitales universitarios experimentan una caída del 72%, mientras que el Fondo Universita­rio para el Desarrollo Regional, al igual que los institutos tecnológicos de formación profesional y el desarrollo de proyectos es­peciales no reciben asignación alguna".

Por esta situación los rectores salieron a manifestar su disconformidad con la medida, urgiendo soluciones para evitar, en principio, la suspensión de actividades que están en pleno desarrollo y, aún más, perjudicar la calidad educativa.

Esta realidad hace recordar ese tiempo de la década del ‘90, en el que los reclamos de docentes, estudian­tes y no docentes era moneda corriente, pidiendo el resguardo de su fuente de trabajo y de la calidad de los esquemas educativos.

La educación superior es clave para un país que bus­ca el desarrollo. Ahora, lamentablemente, se está to­mando otro camino