Mocoretá: los hoteles y alojamientos deben controlar el acceso de menores

La decisión de Luis Jorge Podestá, titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Niñez, Adoles­cencia y de Paz de Mocore­tá fue tomada al intervenir en el caso de dos menores de edad que habrían sido víctimas de violencia en las instalaciones de un hospe­daje de esa ciudad.

El padre de una de ellas denunció penalmente va­rios delitos a la encargada del hotel. Las jóvenes vi­vían en ese alojamiento y cumplían tareas de limpie­za, para colaborar con la economía familiar.

Debido a que los suce­sos habrían ocurrido en un contexto laboral, en el que quien tiene a cargo el hotel aprovechó su posición su­perior para ejercer violen­cia, y dada la verosimilitud de los hechos relatados, la asesora de Menores e In­capaces, Valeria Soledad Fornaroli, pidió protección para ambas. La denuncia se tramitó tanto en el ámbito penal como en el civil.

El magistrado ordenó a los hoteles y alojamientos de la localidad controlar que el ingreso de niños y adolescentes se realice en compañía de un represen­tante legal o tutor (y cual­quier figura que ejerza la responsabilidad parental o guarda). Y deberán exigir a los adultos que presenten la partida de nacimiento o DNI con datos de los pro­genitores de los menores de edad en el primer caso, o resolución judicial en el segundo.

IMPORTANCIA DEL MANDATO PREVENTIVO

El mandato preventivo es una medida que el juez puede tomar, como en este caso, cuando tiene conoci­miento de que es probable que un daño ya ocurrido se repita o se agrave. Es un instrumento que en el fuero civil busca resguardar efi­cazmente los derechos de las personas.

AUSENCIA DE COMUNICACIÓN

Los informes periciales realizados indicaron co­herencia en el relato de los hechos, trauma, ansie­dad y signos de depresión. Los profesionales hicieron notar que los adultos no ejercieron el debido con­trol y supervisión que de­bían tener sobre sus hijas, y desconocían en absoluto lo que les estaba pasando. Esa situación demostra­ba una irregularidad en el rol de padres, como así también falta de comuni­cación o confianza entre padres e hijas, y en cierto punto "desentendimiento de su parte en la responsa­bilidad parental que deben ejercer".s

LAS JÓVENES VIVÍAN EN EL ALOJAMIENTO Y CUMPLÍAN TAREAS DE LIMPIEZA.

Prohibición de acercamiento y seguimiento

El legista Luis Jorge Podestá ratificó las medidas de prohibición de acerca­miento; perturbación e intimidación de la encargada del hotel, y notificó a la comisaría local esa resolución.

A los adultos -padres y madres- les advirtió que debían ejercer los dere­chos y asumir las responsabilidades propias de la condición parental, y les impuso reglas de conducta. Entre ellas, prestar real atención y compro­miso para con sus cuidados, guiarlas en su desarrollo y educación, y ase­gurar la escolarización. Exhortó a la Dirección de Protección de la Niñez y la Adolescencia (Dipna), del Ministe­rio de Justicia y Derechos Humanos, a brindar atención y contención indis­pensable a las adolescentes. 

Y dispuso el seguimiento, a fin de verificar el cumplimiento de las me­didas dispuestas, a través de las mu­nicipalidades de Mocoretá y Juan Pu­jol, por el plazo de 3 meses.

ADVERTENCIA

Una de las adolescentes no asistía a la escuela desde hacía un año, por lo que, en ese caso, además de desig­nar a una tía como apoyo, advirtió a los directivos del establecimiento que todo agente público que tuvie­re conocimiento de la vulneración de derechos de niños o adolescen­tes deberá comunicarlo a la autori­dad administrativa de protección de derechos.