El proyecto de ley Bases contempla una primera tanda de la reforma laboral

El oficialismo logró durante la semana pasada dictamen de comisión en la Cámara de Diputados para el nuevo proyecto de "Ley de Bases y Puntos de

Partida para la Libertad de los Argentinos". 
Fue analizado esta semana en el plenario de las comisiones de Legislación General; Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales de la Cámara baja y, tras el dictamen favorable, se convocó a una sesión para su tratamiento en el recinto en la jornada de mañana lunes.

Dentro del capítulo referido a la "reforma del Estado" se incluyen las privatizaciones. El proyecto declara empresas sujetas a privatización a Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentina SA, Radio y Televisión Argentina SE, e Intercargo SAU. También declara sujeta a privatización a Nucleoeléctrica Argentina SA y a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, aunque en estos dos casos establece que el Estado nacional debe mantener el control o la participación accionaria mayoritaria.

Por otro lado, se propone un esquema de concesión privada para las empresas Agua y Saneamientos Argentinos SA, Correo Oficial de la República Argentina SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (Sofse) y Corredores Viales SA. 
El capítulo IV trata sobre el empleo público. Entre las modificaciones, se dispone que los sindicatos estatales no podrán descontar parte del salario de los trabajadores que no estén afiliados o que no hayan expresado de forma explícita su acuerdo para que el gremio realice dicho descuento. También determina que a aquellos trabajadores que realicen una huelga se les descontará un proporcional por las horas no trabajadas, sin ningún tipo de sanción administrativa, y establece que aquellos funcionarios de órganos u organismos que sean eliminados serán pasados a disponibilidad por hasta 12 meses y que después serán desvinculados de la Administración Pública Nacional si no consiguen otro puesto. 
El Título IV del texto está destinado a la "promoción del empleo registrado" en el sector privado. Este permite a los empleadores regularizar vínculos laborales que comenzaron antes de que la ley entre en vigor, concediéndoles un período de 90 días para hacerlo. Los empresarios quedarán eximidos de cualquier acción legal y deudas relacionadas con infracciones, multas y sanciones, y también serán eliminados del Registro de Sanciones Laborales.

El Título V de modernización laboral quedó comprimido respecto de la versión original. Entre las principales medidas aparece la extensión del período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral optativo -a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones-.
 El monto del aporte mensual, que no podrá superar el 8 % del salario, corre únicamente por cuenta del empleador.

En relación a los períodos de prueba, actualmente son de 3 meses. La propuesta nueva consiste en extenderlos a 6 meses para empresas de más de 100 trabajadores, de 8 meses para pymes de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta 5 trabajadores. La empresa solamente podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez. La utilización abusiva del período de prueba para evitar la efectivización de un trabajador es pasible de sanciones.

LO QUE QUEDÓ AFUERA 
La versión de la Ley Bases que el Ejecutivo envió al Congreso en diciembre de 2023 tenía 664 artículos. El borrador que circuló en las últimas semanas, previo al debate en las comisiones de la Cámara baja, tenía 279 artículos. La versión que logró dictamen tiene 232, es decir que la iniciativa es una versión mucho más reducida que la inicial. En el plano laboral, la reforma quedó acotada a 17 artículos. El artículo referido a la cuota sindical, resistido por los sindicatos, fue dejado de lado. En el DNU 70/2023, cuyo fragmento laboral fue frenado por la Justicia, se limitaba el descuento compulsivo de la cuota sindical que aportan los trabajadores registrados (afiliados o no). Además, se eliminó el artículo que establecía que la participación en bloqueos o tomas de establecimiento era razón de "justa causa" de despido. 
También se mantiene la "ultraactividad" de los convenios colectivos de trabajo, que el DNU buscó eliminar. 
En el ámbito de las privatizaciones, se dejó de lado el Banco Nación y todas sus empresas subsidiarias, aunque el ministro del Interior, Guillermo Francos, advirtió que el Gobierno no descarta su privatización en el mediano plazo y afirmó que no entiende por qué se rechaza el ingreso de privados a la estructura del principal banco público del país, ya que se mantendría para "el Estado la mayoría accionaria, porque obviamente es la nave insignia del crédito argentino".
"Estamos en un concepto absolutamente viejo de no permitir el trabajo conjunto del capital privado y público", subrayó. Indicó que se buscará ir hacia un modelo similar al que aplicó Luíz Inácio "Lula" Da Silva con el Banco do Brasil, que llegó a cotizar en la Bolsa de Nueva York.