La Justicia ratificó la condena por basural a comuna de Santo Tomé

El Superior Tribunal de Justicia confirmó la sen­tencia que obliga a la Mu­nicipalidad de Santo Tomé a eliminar el basural a cie­lo abierto de esa ciudad y aplicar un plan integral de manejo de residuos. La existencia de un basural sin ningún tratamiento, la ausencia de un estudio de impacto ambiental actua­lizado y la conducta poco diligente del Municipio de Santo Tomé tanto en el proceso judicial como en el trámite administrativo constituyeron los factores determinantes por los cua­les la Corte provincial con­denó al Ejecutivo comunal.

Por unanimidad, los inte­grantes del Superior Tribu­nal de Justicia consideraron ciertos y actuales los ries­gos a la salud; aunque no se pudiera justificar un daño concreto a la integridad psicofísica de las personas, señalaron que debían pro­teger el medioambiente. 

Una vez que los jueces comprueban el carácter contaminante del basural a cielo abierto y su inciden­cia en la degradación del ecosistema, las normas los habilitan a tomar las medi­das que sean necesarias, de modo de prevenir (o hacer cesar) la actividad contami­nante.

La sentencia Nº 10/24, con el primer voto del doc­tor Luis Eduardo Rey Váz­quez, ordenó a las autorida­des municipales a cumplir un plan de manejo ambien­tal e informar a la Cámara de Apelaciones Civil, Co­mercial y Laboral de Santo Tomé sus avances de forma periódica. Finalmente, des­estimó los argumentos que cuestionaban la decisión judicial.

RIESGOS DOMICILIARIOS

Los ministros reconocie­ron que el basural a cielo abierto de esa ciudad -en el que habitaban familias- im­plicaba el riesgo inminente de contraer enfermedades. En ese sentido, el fallo tomó como base la Ley Nº 6422 de Presupuestos Mínimos para la Gestión de Residuos Domiciliarios, que estable­ce la obligación de los mu­nicipios de implementar un sistema integral para el ma­nejo de estos desechos.

Justamente, el artículo 7 se refiere a la prioridad de las acciones tendientes a prevenir y reducir la canti­dad de residuos generados y sus impactos negativos y disminuir los riesgos para la salud pública y el am­biente. Además, ordena el uso de metodologías y tec­nologías evaluadas y cali­ficadas para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, e informar a los ciudadanos sobre la acción pública en materia de gestión de los residuos. Y el artículo 10 establece la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental previo y otorgar el certificado de aptitud ambiental para la instalación de rellenos controlados o sanitarios, públicos y/o privados.

Como se señaló ante­riormente, el Municipio evidenció a lo largo de todo el proceso de am­paro una conducta poco comprometida, algo que se observó también en el expediente administrati­vo del estudio de impacto ambiental (que recién el Ejecutivo realizó tras la or­den judicial en una medida cautelar previa). La Munici­palidad argumentaba que el plan de manejo ambiental no podía fijarse por senten­cia, y que era su potestad, lo que fue rechazado por la Corte provincial.