Planes sociales: el Gobierno insiste en ser querellante

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Hu­mano, insistió en ser que­rellante en la causa donde se investiga por presunta extorsión a dirigentes pi­queteros que habrían exigi­do dinero a los beneficiarios de planes sociales o que los castigaban con perder esos ingresos, o el acceso a ali­mentos que entregaba el Estado, si es que no acudían a las manifestaciones. Este nuevo pedido del Gobierno para ser querellante se dio luego de que el juez federal Sebastián Casanello recha­zara ayer un planteo en el mismo sentido del Ministe­rio de Seguridad.

Casanello sostuvo que el Ministerio de Seguridad, como auxiliar del fiscal, ocupa en la investigación "un lugar sumamente im­portante pero incompatible con el rol de litigante pre­tendido", y afirmó: "No es parte: es, por ley y diseño institucional, el brazo eje­cutor de las órdenes de los jueces y fiscales".

Del ministerio que dirige Patricia Bullrich dependen las fuerzas de seguridad fe­derales. En esta causa, la Po­licía Federal Argentina llevó adelante los allanamientos, interceptó comunicacio­nes de los imputados y está analizando los teléfonos secuestrados, entre otras medidas. Ahora se presen­tó como querellante el mi­nisterio a cargo de Sandra Pettovello. Aquí la situación es diferente, porque a di­ferencia de Seguridad, que constituye el brazo armado de la aplicación de la ley, Capital Humano podría pre­sentarse como víctima de la maniobra investigada.

Justamente una de las hi­pótesis que investiga el juez Casanello es la administra­ción fraudulenta. En esta tesitura, el objeto de la cau­sa es el desvío de los fondos que el Estado había asigna­do al Plan Potenciar Trabajo y que habría sido retenido o derivado hacia otros fines por las organizaciones so­ciales. Al tratarse de dinero gestionado por Capital Hu­mano, podría haber un agra­vio para este ministerio. 

En tanto, algunos de los piqueteros imputados, unos 28, plantearon un pedido de nulidad de toda la investi­gación. Es una presentación que realizó la presidenta de la Asociación Civil Polo Obrero, Elizabeth Palma, patrocinada por Liliana Ala­niz y Claudia Ferrero. Pidie­ron anular todo el caso y que les devuelvan los teléfonos y las planillas de asistencia y libros de "castigos" se­cuestrados. Argumentaron que el allanamiento se rea­lizó sin tomar prevenciones especiales reservadas para las organizaciones como las cooperativas y que en el caso de un "local de las asociaciones", mientras no sea una vivienda particular, "deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estu­vieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la in­vestigación". 

El fiscal de la causa, Ge­rardo Pollicita, trabajó en un dictamen donde se pro­nunciará por rechazar este pedido de nulidad, ya que es inconsistente avisar a los sospechosos antes de alla­narlos, pues eso frustraría la investigación