Misiones: se agudiza conflicto policial y esperan a efectivos de la Gendarmería

El conflicto en la provin­cia de Misiones sigue en au­mento y se teme que pueda expandirse a otras jurisdic­ciones, entre ellas Corrien­tes, en donde tan sólo meses atrás hubo un fuerte recla­mo de los agentes policiales. Ayer el gobierno misionero denunció por "sedición" a los efectivos policiales y pe­nitenciarios acuartelados, y además pidió que se resti­tuyan los vehículos robados, presuntamente por quienes iniciaron la protesta en Po­sadas en reclamo por mejo­ras salariales para el sector.

El Comité de Crisis, enca­bezado por el gobernador Hugo Passalacqua, se reunió el sábado para determinar los pasos a seguir tras ha­berse radicado la denuncia contra los integrantes de las fuerzas de seguridad. Los integrantes de la Policía pro­vincial y del Servicio Peni­tenciario fueron denuncia­dos por "sedición" luego de haber tomado este viernes las instalaciones del Coman­do Radioeléctrico Uno, ubi­cado en la zona céntrica de Posadas.

Pero además a los rebeldes se les imputan los delitos de "robo y hurto calificado, in­citación a la violencia, inte­rrupción de comunicaciones y transporte", confirmó el ministro de Gobierno de Mi­siones, Marcelo Pérez.

En tanto, la Justicia pro­vincial a través del Superior Tribunal de Justicia solicitó la devolución de los vehí­culos robados durante la protesta que aún continúa, entre ellos varios patrulleros y una autobomba.

Por su parte, el suboficial Germán Palavecino, quien oficia como vocero de la mesa de enlace policial, des­cartó que haya un "acuarte­lamiento" de los uniforma­dos y explicó que la protesta que llevan adelante es una "medida para visibilizar la urgencia del sector". "Nece­sitamos una recomposición superior al 100 por ciento para alcanzar la canasta bá­sica", sostuvo el efectivo en declaraciones a La Nación+, al referirse al reclamo con la toma del Comando Ra­dioeléctrico.

A última hora del viernes se supo que las autoridades provinciales habían anun­ciado un aumento para los efectivos y los integrantes del Servicio Penitenciario, pero la cantidad ofrecida fue rechazada ya que la conside­raron insuficiente.

Ante esta situación, el Mi­nisterio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, decidió enviar un contingente de 200 gendar­mes a la provincia. Además, dispuso la creación de un Comité de Crisis encabeza­do por la propia Bullrich y por el gobernador misione­ro Passalacqua, para tratar de contener la situación en la capital provincial, donde también los docentes se ex­presaron en las calles.

A través de la Resolución 390/2024, la cartera de Se­guridad resolvió conformar el Comité que estará inte­grado también por repre­sentantes de la Gendarmería Nacional, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Ade­más, el gobierno provincial convocó al personal retirado de la Policía para garanti­zar el orden social ante un inminente aumento de los hechos delictivos y por ello se han suspendido activi­dades masivas con el fin de evitar un desborde en el que las fuerzas de apoyo se vean superadas ya que no se trata solamente de personal poli­cial y penitenciarios los que reclaman, sino también do­centes de toda la provincia de Misiones y otros traba­jadores estatales que ya ve­nían realizando sus protes­tas por separado con cortes de rutas en distintos puntos de la provincia y que ahora se han instalado en la misma zona donde se encuentran los agentes de las fuerzas de seguridad. 

Por su parte, el comisario general Sandro Martínez, jefe de la Policía de Misio­nes, confirmó: "Estamos tra­bajando en toda la provincia normalmente", y dirigién­dose a los uniformados que continúan en actividad les dijo: "Quiero que sepan que cuentan con todo mi apo­yo", informó el diario local El Territorio, que al cierre de esta edición consignó en su versión digital que la protesta continuaba con la toma del Comando, el corte de la avenida principal de acceso a Posadas, ollas po­pulares y la incorporación de más agentes activos y retirados que llegan desde distintos puntos de la pro­vincia para sumarse al re­clamo y ante la posibilidad de un desalojo violento por parte de fuerzas federales a instancia de una orden judicial tras las denuncias correspondientes de las au­toridades. "Esto cada vez se va a agravar más", avisó ayer a la noche el policía retirado Ramón Amarilla, uno de los referentes de la protesta y vocero, y en esa línea pidió "a los policías activos guar­dar la calma, porque si no­sotros no resolvemos como corresponde desde acá, no nos vamos a ir", dijo, reite­rando entre aplausos de los manifestantes el pedido de "un salario como correspon­de, que se respeten nuestros derechos y esta es la única manera de que el gobierno nos preste atención. La mi­seria nos está matando". Es que un sueldo de base de un agente raso está por debajo del umbral de indigencia al igual que el de un docente. 

Si bien el conflicto alcanzó un nivel de vigilancia mayor, ya venía desde hace unos meses y podría influir direc­tamente en la situación de Corrientes debido al flujo de comunicaciones que hay en­tre agentes de ambas provin­cias, tal es así que a fines del año pasado agentes retira­dos de la Policía de Corrien­tes junto con los de Misiones habían llegado a la plaza 25 de Mayo de la Capital co­rrentina y se debió montar un operativo para contener­los, incluyendo la demora de una comitiva de agentes retirados misioneros. s

VAN MÁS DE 36 HORAS DE TOMA DEL COMANDO RADIOLÉCTRICO Y PIQUETES. 

El acampe 

El reclamo salarial había alcanzado importante no­toriedad a fines del año pasado cuando se montó un acampe en la plaza 25 de Mayo con presencia de perso­nal retirado y activos. A tal punto que tuvieron que evi­tar la llegada de una comitiva de agentes provenientes de Misiones que venían en apoyo de los correntinos para evitar que la magnitud de la protesta sobrepase al per­sonal policial a cargo de mantener el orden.