El Pombero o el sistema

El caso de Loan Peña, el chico de 5 años que des­apareció misteriosamente en un paraje rural de la localidad de 9 de Julio, ha puesto a la pro­vincia de Corrientes en la mirada de la opinión pública nacional que desde hace por lo menos diez días tiene la posibilidad de evaluar -en vivo y en directo gra­cias a la televisión- la actuación de las autoridades lo­cales, tanto las del Ejecutivo, es decir el Gobierno, como también las del Poder Judicial que en esta situación les cupo el protagonismo central. No hace falta especular sobre el escrutinio de la audiencia, el resultado está a la vista y es concluyente.

Al cierre de esta columna no había datos concretos sobre el paradero del niño y todo lo que hay son puras conjeturas. Hoy se cumplen 13 días de la des­aparición y la maraña de sospe­chas entrecruzadas que tapizan la causa empujan a suponer lo peor. Ojalá sea un pronóstico fallido, pero hay suficientes antecedentes -en la provincia y el país- que ali­mentan el escepticismo. 

Este cuadro de angustia que envuelve a todos, en casi todas las latitudes de la Argentina por Loan, es consecuencia no de un encadenamiento azaroso de in­fortunios o de la mera capacidad de una organización delictiva, ni siquiera fue el "Pombero" sino la inefi­ciencia del Estado para brindar lo esencial: seguridad y justicia. No se trata sólo de una persona, una oficina o un estamento. Es el sistema. Así de simple, así de con­tundente. Así funciona Corrientes desde hace mucho tiempo.

Con independencia de la resolución que vaya a te­ner la causa -ahora a cargo de la Justicia Federal- muy probablemente en el plano doméstico las responsabi­lidades que existen en este fracaso sean asignadas a un fiscal inexperto, cuya rusticidad discursiva siem­bra dudas respecto de su idoneidad para la pesquisa; o una funcionaria pérfida; un malhechor con uniforme; o un puñado de farsantes y varios mentecatos sin tino para una encomienda tan delicada como es el hecho de discernir cuándo un niño se ha extraviado y desde qué punto hay que considerar un secuestro.

Quizás para esa delicada tarea sea necesario un poco más de profesionalismo. Una condición no siempre excluyente al momento en que la política provincial acomoda sus piezas en el tablero de los tres poderes del Estado. Ya es costumbre, la militancia casi siempre pesa más que la capacidad. 

La calidad institucional que exhibe la Provincia es suficiente evidencia de esa realidad que hoy ha deto­nado el estanque del poder local, para colmo en una suerte de cadena nacional continua.

Las posibles derivaciones de este monumental bochorno por aho­ra son impredecibles, puede que luego del cimbronazo todo retorne a la rutina pueblerina que añora el establishment (y consecuente­mente las mafias que han perdido la cobertura de las bambalinas) o tal vez haya un cambio sustancial y surja algo mejor. Por lo pronto lo que salta a la vista es el ejercicio de exculpación que comenzó a practi­carse desde el Ejecutivo y que luego siguió en la Justicia. Sólo faltan los legisladores... no tardan en llegar. 

El lunes en una conferencia de prensa de apenas tres preguntas, el gobernador Gustavo Valdés ensayó su ex­plicación, más tarde fue el turno de los fiscales de Goya, Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry. Ayer completó la catarsis el fiscal general del Poder Judicial, César So­telo. Parecía un político más. 

En ocasiones es mejor no aclarar. El silencio suele ser un atributo beneficioso, pero no el silencio que preten­de imponer Patricia Bullrich que ayer estuvo en Goya para la foto. No hacía falta, únicamente sirvió para acentuar el escarnio sobre los locales.

Más allá de las impresiones, el hecho indiscutible es que Loan no está. Ahora es el turno de la Nación. Me­nudo desafío, un gobierno que no cree en el Estado tie­ne que explicar que no fue el Pomberito.