Juicio por malversación de fondos en Fútbol para Todos
La causa implica a dos ex jefes de gabinete -Aníbal Fernández Y Capitanich- y ex dirigentes de AFA, con Segura a la cabeza, entre otros.
Entre agosto de 2009 y diciembre de 2015 el Estado puso, según un informe de la Auditoría General de la Nación, 8.500 millones de pesos para bancar el programa Fútbol para Todos, que permitió por entonces ver gratis los partidos de la Primera División por la TV Pública. En aquel momento, se promocionó que la medida traería el saneamiento de los pasivos de las instituciones, que generaría tantos ingresos que parte de ellos irían a fortalecer al deporte olímpico y todo con la posibilidad de no tener que pagar ningún canon para ver los encuentros. Pero el resultado terminó siendo ruinoso para el Estado, los clubes aumentaron sus pasivos y en el medio hubo un festival de cheques, que medidos en dólares llegaron a 1.184 millones de entonces, que fueron descontados en financieras por los mismos dirigentes que debían velar por que todos los ingresos lleguen a las arcas de los clubes.
Por todo esto en 2014 se inició una investigación judicial que diez años después llegó a juicio oral: este lunes, en la sala Amia de Comodoro Py dio comienzo el proceso que tiene sentado en el banquillo de los acusados a dos ex jefes de gabinete, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, a Gabriel Mariotto, primer responsable del programa por parte del Estado, a varios dirigentes de la AFA de entonces con Luis Segura a la cabeza, también de Futbolistas Argentinos Agremiados, entre ellos su secretario general, Sergio Marchi, y a los representantes de dos financieras donde los clubes descontaban cheques, Amigal y Climafin. Y será el Tribunal Oral I, con los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg los que decidirán si la acusación del fiscal Miguel Osorio es concreta y condena por los manejos turbios de aquel dinero o si no hay prueba suficiente y sobreseen a todos.
En aquel momento la AFA había roto el contrato con la empresa Televisión Satelital Codificada y firmó con el Gobierno por el cual le cedía al Estado la comercialización por un monto inicial de 600 millones de pesos que después fue incrementándose con el paso del tiempo. Para la fiscalía, hubo dos delitos: de parte de los funcionarios una defraudación al Estado por no cumplirse los objetivos fijados y de parte de la dirigencia del fútbol una administración fraudulenta de ese dinero en perjuicio de sus clubes.s