Motosierra: casi 30.000 bajas en el Estado en el primer semestre

El Gobierno nacional se apresta a profundizar su política de despidos en el sector público, donde ya ha echado a alrededor de 29.604 agentes, desvincu­laciones relevadas por el Centro de Economía y Polí­tica Argentina (Cepa) prin­cipalmente en el Estado nacional, ya sea en la admi­nistración central como en empresas de capital estatal, como Correo Argentino o Radio y Televisión Argen­tina. 

En este sentido, tam­bién acaba de dar de baja a más de 70 alquileres de propiedades que el Esta­do usaba como oficinas de dependencias públicas. En­tretanto, el novel ministro Federico Sturzenegger está ultimando los detalles de un plan para disolver 60 or­ganismos estatales. 

Desde el Estado nacional se impulsó una decidida política de despidos para el achicamiento y recon­figuración del aparato es­tatal. Sólo mencionando algunos casos testigo, los despidos abarcaron a dere­chos básicos como la salud con cesantías en el Hospital Posadas, dependiente del Estado.

También se relevaron despidos del Estado nacio­nal que tienen un eje co­mún: el retiro del Estado y la garantía de derechos a ni­vel federal. Muestra de esto es el cierre de dependen­cias de la Anses (se cerra­ron 60 sedes, despidiendo a más de 1.300 trabajadores), el INTI (con 278 despidos y apertura de retiros for­zosos para todo el perso­nal), el Senasa (se cerraron 20 sedes distribuidas en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Mi­siones, Salta, San Luis, San­ta Fe y la Ciudad de Buenos Aires) y los Centros de Re­ferencia del ex Ministerio de Desarrollo Social (con el cierre de 59 centros, ofi­cinas descentralizadas con equipos de profesionales y administrativos).

En sintonía con esta polí­tica de achicamiento del Es­tado, el gobierno de Javier Milei analiza otorgar un subsidio por hasta 12 meses para que empresas privadas contraten empleados públi­cos que pasen a "disponi­bilidad". Esta es una de las ideas del flamante ministro de Desregulación y Moder­nización del Estado, Federi­co Sturzenegger, en su plan para racionalizar el gasto estatal.

La intención es que, en el marco del objetivo para reducir personal y achicar la estructura del Estado que tiene en mente el principal ideólogo de la Ley Bases, los empleados que se encuen­tren en planta permanente pero pasen a quedar afecta­dos por la restructuración o reducción de organismos puedan insertarse en el sector privado formal.

El personal que no sea reubicado estará obligado a recibir capacitación o desa­rrollar tareas para otro or­ganismo durante 12 meses, con goce de sueldo. Luego de ese período, si ese traba­jador no encontró un pues­to en el sector privado será despedido e indemnizado. La alternativa que baraja el Gobierno, que "no será inmediata" según explican, es que exista un régimen de "incentivos" a empresas para que contraten a los ex empleados públicos.

"Cuando se fusionan o cerrás organismos, ¿qué haces con la gente? Se le protege el salario durante 12 meses y después se le da una indemnización. Va­mos a hacer un esquema para que en esos 12 meses el trabajador pueda ir a una empresa privada y le diga: ‘Probame’. Y esa plata, esos 12 meses se la vamos a dar a la empresa. Si el trabaja­dor quiere se la damos a él, pero si elige se la damos a la empresa", explicó reciente­mente Sturzenegger..

En paralelo, Sturzenegger trabaja en la eliminación o la reforma de unos 60 or­ganismos públicos, que sal­drán del organigrama esta­tal. Los fundamentos no se oficializaron, pero girarán en torno a la idea de que no tienen un fin necesario para la función pública, o que fueron usadas de ma­nera irregular para desviar fondos públicos. s