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LUEGO DE UN RECESO

Los temas que moverán la agenda del Senado en agosto

Varios de ellos golpearán los inte­reses de la Casa Rosada. A su vez, los pliegos de los candidatos a integrar la corte se colarán en la discusión.

Luego de un receso de dos semanas la agenda del Se­nado de la Nación volverá a moverse desde agosto, con una batería de temas abier­tos que atraviesan, tanto como lo fue la ley Bases y el paquete fiscal, los intereses del Gobierno del presidente Javier Milei.

Entre los principales ejes de discusión que dará la Cá­mara alta se asoman los pro­yectos que proponen impo­ner, como la boleta única de papel como nuevo método de votación; el proyecto que modifica la fórmula jubila­toria; la iniciativa que cam­bia la tipificación del Código Penal en caso de comercia­lización y/o sustracción de niños.

Al mes de agosto se le aña­dirán al cóctel legislativo las audiencias públicas de los candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, propuestos por el Ejecuti­vo en enero: el juez federal Ariel Lijo y el abogado cons­titucionalista Manuel García Mansilla.

BOLETA ÚNICA

El consenso para que el proyecto que implanta la votación mediante la boleta única de papel llegue al re­cinto del Senado de la Na­ción empezó a tomar forma en las últimas dos semanas, tras más de seis meses de es­tancamiento.

Las negociaciones oficia­les podrían quedar plasma­das en el plenario de las co­misiones de Asuntos Cons­titucionales y de Justicia y Asuntos Penales, que podría realizarse en agosto. 

Allí, convergerían las dife­rencias que existen entre los dos despachos que obtuvo el proyecto el pasado 10 de enero.

"Vamos a sostener la ne­cesidad de eliminar el botón de boleta completa", le dije­ron días atrás. 

JUBILACIONES

El pasado 4 de julio, con el apoyo de los bloques dialo­guistas, el oficialismo sena­torial neutralizó el intento del kirchnerismo de tratar la movilidad jubilatoria sobre tablas. 

Fue gracias a la moción de preferencia que propuso votar el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Senado, Eduardo Vis­chi.

Este legislador pidió que el proyecto, que ya tuvo media sanción en la Cámara de Di­putados e inició su recorrido en el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda, tenga un trato preferencial en la próxima sesión, que sería llamada para la prime­ra quincena de agosto.

El proyecto de movilidad jubilatoria propone un in­cremento del 8,1 por ciento en los haberes jubilatorios, para recomponer la pérdida de enero. El Gobierno otorgó un 12,5 por ciento para ese mes y quedó relegado de la inflación, que se posicionó en el 20,6% en enero. 

CORTE SUPREMA

Más allá de estos tres pro­yectos, el Senado será ob­servado, porque la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación recibirá el próxi­mo 21 y 28 de agosto a los candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia propuestos por Milei.

El juez federal Lijo y el constitucionalista Manuel García Mansilla, tendrán sus respectivas audiencias pú­blicas, en las que pasarán o no el filtro de la Cámara alta.

A pesar de ser una figura controvertida y resistida, el pliego de Lijo parece -a prio­ri- el más encaminado a unir la grieta entre el kirchneris­mo, los dialoguistas y el pro­pio oficialismo. 

García Mansilla genera, según comentaron a NA, resistencia por su perfil con­servador.

De hecho, la semana pa­sada Tagliaferri oficializó la apertura del proceso de ad­hesiones e impugnaciones a las candidaturas de ambos, y Lijo ya recibió dos impor­tantes y del seno político: una del riñón de la Unión Cívica Radical y otra de la Coalición Cívica (CC) de Eli­sa Carrió.

El presidente segundo de la UCR, Luis Naidenoff, im­pugnó a Lijo y afirmó que su postulación "es una ca­chetada" para el electoral de Milei. 

Por su parte, la CC argu­mentó que Lijo manifiesta falta de "idoneidad técnica, jurídica y profesional, así como la evidente caren­cia de condiciones éticas y morales".

CASO LOAN 

Senadores debatieron el proyecto que propone modi­ficar el artículo 139 bis del Código Penal, que reprime con prisión de 3 a 10 años a "quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado ci­vil y la identidad, independientemente de si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad". La iniciativa fue aprobada, pero regresó a comisión el proyecto por divergencias en algunos artículos