El tiempo de la democracia

La administración que encabeza Nicolás Madu­ro Moros y que gobierna Venezuela hace once años, desde el 2013 es un régimen dictatorial. Es la continuidad -heredero, en realidad- de otro gobierno de igual signo e idéntica conducta po­lítica, el de Hugo Rafael Chávez Frías que llegó al po­der en 1998 y sorteando distintos avatares se extendió hasta su muerte, en enero de 2013. En resumen, el país caribeño va camino a completar 30 años bajo dominio de un modelo despótico que se sostiene esencialmen­te por prácticas abusivas y clientelares y el férreo ali­neamiento de las Fuerzas Armadas impregnadas por un halo de corrupción. El sistema republicano ha desaparecido en Venezuela a la par de la consoli­dación del chavismo, allí no hay democracia posible. Esta es una realidad, dolorosa e irrefutable. Un punto de partida para cual­quier análisis que se pretenda ha­cer de los momentos aciagos que vive esa nación.

Resulta imprescindible asumir como un principio indiscutible que cualquiera que no esté alinea­do al régimen -dentro o fuera de Venezuela- está enfrentando un poder absolutista que no ofrece espacio ni tiene volun­tad para la convivencia democrática. Y está probado a lo largo de la historia moderna que las urnas no voltean los proyectos tiránicos. Se desmoronan, es verdad, pero no solo por la fuerza de los votos que es la herramienta civilizada de los pueblos. 

Hay suficientes ejemplos que demuestran que los regímenes cesaristas, incluso aquellos que se vuelven totalitarios, comienzan a derrumbarse cuando cambia la opinión de la gente, luego lleva tiempo y constancia, pero la caída es inexorable. Eso está pasando en Vene­zuela, ha comenzado a madurar una transformación que concluirá con Maduro desnudo de poder. Quizás no sea pronto, sin embargo es inevitable.

Mientras tanto el deber de las naciones libres, que en verdad desean el bienestar de los venezolanos sin importar la ideología, es acompañar a un pueblo que padece. La escalada represiva que se desató luego del polémico proceso electoral del pasado fin de semana ha provocado al menos 16 muertes de civiles y cente­nares de heridos. Al mismo tiempo se produjeron más de 170 detenciones. La oposición, que encabeza María Corina Machado habla de "asesinatos".

Es importante que la comunidad internacional haga su mayor esfuerzo por detener de inmediato la ola de violencia que seguirá mientras continúe la disputa por conocer el resultado de la votación. 

El gobierno de Maduro se ha ad­judicado de inmediato el triunfo, pero sin mostrar las pruebas, y los representantes de la alianza oposi­tora que propuso a Edmundo Gon­zález Urrutia como candidato pre­sidencial, sostiene que consiguió una victoria abultada. El problema es que tampoco puede demostrar su afirmación pues se le han veda­do todos los conductos institucio­nales que certificar los votos que obtuvo. 

En síntesis: no hay actas de la votación y no se sabe cuánto apoyo electoral tuvo cada sector. Es la palabra de uno contra otro. Tal dilema se podría admitir si fuese una compul­sa entre privados, pero aquí se trata del Gobierno de un país -el administrador circunstancial del Estado- que está obligado a ofrecer garantías de transparencias.

¿Se puede creer en el gobierno de Maduro con todos los antecedentes que tiene? La respuesta sale sobran­do, por eso buena parte de los países de la región y el mundo se han manifestado en contra del resultado que ofrece el régimen chavista. Hay una duda, que se vuel­ve una certeza, hay un pueblo sufriente y una nación partida. ¿Cómo ayudar sin vulnerar el principio de au­todeterminación? Menudo dilema. La democracia, y no solo la democracia de Venezuela, necesita de veci­nos sabios y no de patoteros ideológicos.