El negocio de viajar

A la par del anuncio que hizo el secretario de Transporte, Franco Mogetta, sobre el corte del subsidio para las líneas de colectivos que únicamente circulan por la Ciudad Autóno­ma de Buenos Aires, el Gobierno nacional tomó otra medida de mayor magnitud económica: compartirá con el sector privado la explotación de la tarjeta Sube, que es indispensable para viajar en el transporte pú­blico. Los bancos y las fintech -billeteras virtuales que funcionan como entidades bancarias- celebraron la de­cisión de la administración de Javier Milei de desregu­lar el sistema, lo que permitirá -como sucede en otros países- que los usuarios puedan pagar el transporte con tarjetas de débito o crédito. Se abre así un ne­gocio por el pago de 400 millones de boletos mensuales en la Ar­gentina, tanto para el servicio de colectivos como trenes o subtes.

La medida tiene un mayor im­pacto que el corte de subsidio a un puñado de líneas porteñas, acción que responde a una venganza po­lítica entre Milei y Macri. No obs­tante el título de todas las cróni­cas fue el corte del subsidio y las especulaciones del cortocircuito entre los socios de la derecha. Sin embargo, detrás de las letras de molde se esconde la operación que signi­fica poner a competir la tarjeta Sube con otros medios de pago.

Ahora bien, lo jugoso del negocio no está solamen­te en "vender" boletos sino en el valor de dos cuestio­nes que se presentan camufladas y por eso no se ven. La primera es la información: el movimiento de varios millones de argentinos en el transporte público es un conjunto de datos muy codiciado que, hasta ahora, siempre estuvo en manos del Estado. La segunda es la generación de nuevos hábitos de uso: nada es tan fre­cuente y tan masivo para el mundo de los medios de pago como el transporte, por lo que si un usuario elige una determinada tarjeta o App para viajar, probable­mente se acostumbre a utilizarla el resto del día.

Hay un actor del mercado regional que se hizo mul­timillonario con la intermediación comercial, que se fue del país enojado con el kirchnerismo y que aplaude cada decisión de Milei, que está ansioso por darle un mordisco a la torta de la Sube. No es el único, pero es el más interesado.

El sistema Sube abarca más de 13 millones de usua­rios, de los cuales 2.5 millones habitan en las provin­cias. El grueso de ese padrón está en la Capital Federal y el Conurbano, se estima que al menos 3.2 millones de usuarios se manejan a través de la App, el resto tiene que ir a una boca de expendio para recargar, etc. Se trata ciertamente de un negocioso fabuloso.

De acuerdo a los trascendidos, hace cuatro meses, aproximada­mente en abril, se inició una nego­ciación con distintos actores para llegar al decreto que se conoció este lunes. Participaron la Secreta­ría de Transporte, también Nación Servicios (la empresa del Banco Nación que administra la tarjeta Sube), el Banco Central, la Secre­taría de Comercio y, por supuesto, todos empresarios del sector fi­nanciero.

El decreto en cuestión responde al interés del sec­tor privado, ya que destierra el monopolio de la tarjeta Sube para pagar el transporte, pero no le quita com­petencia. Sucede que se impuso otra exclusividad, el Banco Nación "será responsable del procesamiento de la totalidad de las transacciones y de la administración y mantenimiento del equipamiento". Es decir: Nación Servicios tendrá a su cargo la administración del siste­ma de pagos y la compra de las terminales que se insta­larán en cada colectivo y cada molinete. De esa forma, el gobierno de Javier Milei evitó compartir con actores privados la valiosa información que genera el sistema.

Todavía queda bastante por reglamentar, pero lo esencial ya se definió: se abre el negocio de viajar.